Uno de los cambios más significativos en el acceso a la justicia para empresas, socios, equipo directivo, empleados y clientes, es la entrada en vigor de la Ley de Nuevas Tasas Judiciales de 21 de Diciembre de 2012.
Estas tasas se aplican en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo, por lo que todas las reclamaciones, tales como procedimientos de reclamación de deudas o los recursos ante Administraciones Públicas, llevan un coste que antes no tenían. De hecho, el Secretario Judicial posee las competencias para comprobar si se ha producido el pago y así llevar a cabo la actuación procesal. Si antes no nos lo pensábamos a la hora de reclamar a la Seguridad Social, ahora tendremos que hacer nuestras cuentas y comprobar si merece la pena o no. A la hora de interponer la demanda, se necesita un certificado electrónico acreditativo de la identidad del presentador de la misma.
¿Pero, realmente el importe es muy elevado? Por poner un ejemplo de lo más cotidiano, interponer un juicio verbal y cambiario como los de reclamación de pagarés cuesta 150 €. Una demanda para un juicio ordinario llega a los 300 € y una ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales a los 200. Estos son los procesos “más baratos”, pero una apelación costará 800 € y los recursos de casación o por infracción procesal llegarán a los 1.200 €. A estos importes, que son los fijos, tenemos que añadirle el importe variable en función a los importes que se reclamen. De cero a un millón de euros se le añade el 0,5% hasta un máximo de 10000 euros. En cambio si la cantidad es mayor del millón de euros, se le añade el 0,25%.
Además de todo esto, el importe de la tasa no se puede fraccionar ni compensar y una vez efectuado el pago sólo se podrá anular con autorización previa de la Agencia Tributaria.
José Silva Correduría de Seguros, con una tarifa plana le ayudará a evitar casos de indefensión por no poder acceder al derecho de tutela judicial efectiva. Le aconseja esta póliza de Seguro de Protección Jurídica para Empresas y Autónomos, compatible con cualquier seguro multirriesgo o responsabilidad civil de cualquier aseguradora, facilitándole la libre elección de letrados, para que ejerza su derecho a la justicia con profesionales de confianza.
Fuentes: elaboración propia.
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