SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTES (ITS)

¿Sabías que los habitantes de Madrid pasan de media 42 horas al año atrapados en un atasco? La capital lidera el ranking de ciudades en la que los conductores pierden más tiempo en colapsos circulatorios, pero en el resto de España los datos no dejan de ser preocupantes, y claros ejemplos de ello son Barcelona donde se pierden 28 horas en embotellamientos y Valencia donde se alcanzan las 26 horas anuales. Por si ésto fuera poco, estas cifras tienden a incrementarse alarmantemente, debido a causas como el aumento de número de vehículos por habitante, el repunte de los movimientos de acceso y salida de las ciudades y la escasez de estacionamientos.

Todos conocemos que la masificación de la circulación en las grandes urbes constituye un grave problema para la salud pública y que la polución atmosférica es la responsable de un gran número de enfermedades respiratorias y cardíacas en nuestros país, obligando a muchos ayuntamientos a llevar a cabo protocolos de anticontaminación, reduciendo el tráfico y prohibiendo la circulación de los vehículos más contaminantes. Sin embargo, algo que solemos pasar por alto es que los atascos también representan un grave riesgo económico para las empresas, ya que el transporte de bienes y servicios se ve resentido. El gasto en transportes o mensajería se dispara, debido a que las mercancías pasan más tiempo en trayecto, incrementándose el consumo de combustible, y ralentizando los pedidos y las entregas.

Una posible solución para esta problemática sanitaria, medioambiental y económica viene de la mano de las nuevas tecnologías, más concretamente de la telemática, que mediante el “Internet de las cosas” nos propone la implantación de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), un conjunto de aplicaciones informáticas y sistemas tecnológicos que tienen el objetivo de mejorar la seguridad y eficiencia en el transporte terrestre. Estos sistemas obtienen la información de los diferentes elementos de interés de las carreteras, que una vez procesada y analizada, se utiliza para mejorar tanto el tráfico como la comodidad en los desplazamientos. Los sistemas ITS utilizan tecnologías de información y control muy parecidas a las que todos empleamos al acceder a Internet o al usar teléfonos móviles. Los datos son adquiridos de diferentes dispositivos (estaciones meteorológicas, anemómetros, espiras, radares, detectores infrarrojos e incluso análisis de imágenes de TV), procesados para aportarles valor informativo y enviados a los terminales de los usuarios. El manejo e interpretación de los datos incide directamente en el resultado económico, de ahí que surjan nuevos riesgos de responsabilidad civil profesional.

Muchos de estos sistemas ITS en la actualidad ya son de uso generalizado. Un claro ejemplo es el Sistema de Posicionamiento Global, más conocido como GPS. Desarrollado originalmente por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ha tenido numerosas aplicaciones desde que su uso civil fue permitido, consiguiendo revolucionar el sector de las empresas de transportes. Hablamos, por ejemplo, de los Sistemas ITS de control de flotas, que se han convertido en un recurso indispensable para la gestión y optimización del trabajo y los vehículos en cualquier empresa, ya que permiten conocer en tiempo real la información sobre situación, velocidad y tráfico, procesar dichos datos y elaborar estrategias más eficientes que den como resultado un ahorro en costes tanto laborales como en combustible y consumibles de los vehículos, así como una mayor seguridad para sus conductores.

Contar con sistemas ITS que proporcionen una información centralizada sobre todo tipo de variables, como en qué punto exacto se encuentra cada vehículo y en qué condiciones se encuentran las vías, ayuda a las empresas de transportes a conseguir un servicio más eficaz y seguro, pero nunca hay que perder de vista que los riesgos en la carretera son numerosos y a veces impredecibles, por lo cual resulta imprescindible estar cubierto por un Seguro de transportes que dé cobertura a los posibles daños materiales que puedan sufrir las mercancías. La mejor opción es siempre contar con el apoyo de una Correduría de Seguros que se encargue de ofrecer la póliza que responda a todos los riesgos, al mejor precio del mercado.

Fuentes: fomento.gob.es, wikipedia.org y elaboración propia.

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EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO Y JUBILACIÓN

 

Conocido popularmente como ERE, un expediente de regulación de empleo es un procedimiento administrativo-laboral de carácter especial, por el cual una empresa obtiene un permiso de la autoridad laboral competente para suspender o extinguir las relaciones laborales de sus trabajadores, debido a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Para iniciar este proceso es necesario que previamente el empresario establezca un período de consultas con los representantes de los trabajadores (comités de empresa y delegados de personal) con el fin de conseguir un acuerdo, aunque si éste no llega a buen puerto el empresario puede decidir seguir adelante con el expediente, compensando a los trabajadores despedidos con 20 días de su salario por año trabajado, con un máximo de 12 meses. Las indemnizaciones pueden asegurarse mediante una póliza de seguro suscrita con compañía de seguros de reconocida solvencia y asesorado por una Correduría independiente que realizará un análisis del riesgo. Fórmula que da seguridad al trabajador y libera de incertidumbre a la empresa.

Los trabajadores afectados por un ERE tendrán derecho a percibir la prestación por desempleo (siempre que cumplan las condiciones exigidas) hasta un máximo de 2 años. Durante este periodo la base de cotización para la jubilación será la misma que se reflejaba en las nóminas de los últimos 180 días antes de cesar en la empresa, y tanto la asistencia sanitaria como las cotizaciones para la jubilación, viudedad, invalidez permanente, incapacidad temporal, etc., estarán aseguradas.

Una vez agotada la prestación por desempleo, los mayores de 55 años podrán acceder al subsidio por desempleo, pero pasarán a cotizar para la jubilación por la base mínima. Una opción durante este tiempo es subscribir un Convenio Especial con la Seguridad Social para mantener las bases de cotización, cuyo pago, en ciertas circunstancias, es a cargo de la empresa durante cierto tiempo. Además, es posible acceder a ayudas previas a la jubilación ordinaria para los trabajadores incluidos en procesos de reestructuración subvencionadas por el Estado. Se trata de una ayuda mensual (75% de la división entre 7 de las bases de cotizaciones de los últimos 6 meses anteriores al despido, con reglas especiales para determinados trabajadores) y la cotización a la Seguridad Social durante el periodo de percepción. Su duración máxima es de 4 años y se abona por la TGSS.

Los trabajadores incluidos en un ERE podrán tener la posibilidad de acceder a la pensión de jubilación, ya que a partir del año 2013 la Ley General de la Seguridad Social establece la modalidad de Jubilación anticipada derivada del cese no voluntario en el trabajo. Ésta regula el acceso a la jubilación anticipada en los supuestos de trabajadores que hayan sido cesados como consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral. Los requisitos son tener más de 60 años y tener la condición de mutualista desde el 1 de enero de 1967 como mínimo. La cuantía de la pensión se verá reducida en un 8 por ciento por cada año o fracción de año que le falte al solicitante de la jubilación anticipada para cumplir la edad fijada reglamentariamente. Por lo tanto el porcentaje de reducción de la cuantía de la pensión, en función de los años de cotización acreditados, será el siguiente:

• Entre treinta y treinta y cuatro años acreditados de cotización: 7,5 por ciento.
• Entre treinta y cinco y treinta y siete años acreditados de cotización: 7 por ciento.
• Entre treinta y ocho y treinta y nueve años acreditados de cotización: 6,5 por ciento.
• Con cuarenta o más años acreditados de cotización: 6 por ciento.

Conviene subrayar que aquellos trabajadores que posean un plan de pensiones y se vean afectados por un expediente de regulación de empleo, podrán solicitar su rescate, que tendrá la consideración de rescate anticipado por la contingencia de jubilación. Es por ello que estar cubierto por esta fórmula de ahorro de confianza es una garantía de protección para cualquier trabajador.

 

Fuentes: seg-social.es, boe.es y elaboración propia.

 

LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS Y LA CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DIGITAL

Es innegable que la tecnología ha transformado la profesión de Administrador de Fincas; ordenadores, tablets y smartphones son actualmente sus herramientas de trabajo, así como Internet su principal medio de comunicación. Esta realidad ha sido abordada a fondo en el pasado Congreso Nacional de Administradores de Fincas (CNAF 2018), que se ha celebrado del 7 al 9 de junio en Madrid, dándole gran importancia a la temática relacionada con las pruebas documentales digitales.

El correo electrónico casi ha sustituido al papel como medio de comunicación habitual, hasta tal punto que en las Comunidades de Propietarios no es necesario el acuerdo de la Junta para que se lleve a cabo la implantación del mismo en las relaciones entre propietario, presidente y administrador. Si tenemos en cuenta que cuando hablamos de correo electrónico nos referimos a todo mensaje de texto, voz, sonido o imagen enviado a través de una red de comunicación pública que pueda almacenarse en la red o en el equipo terminal del receptor, nos damos cuenta de la cantidad y variedad de contenidos electrónicos que no reunirán ningún tipo de garantía técnica si no son certificados electrónicamente.

La posibilidad de certificar correo electrónico resulta indispensable para los Administradores de Fincas, ya que les permite garantizar el contenido que se intercambian durante las comunicaciones digitales, bien en negociaciones de contratos, bien para justificar el cumplimiento de plazos, envío de facturas, notificación de impagos, etc. Es por ello que el Consejo General de los Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) ha firmado un convenio de prestación de servicios de certificación electrónica de contenidos digitales mediante la plataforma Doyfe, que le ofrecerá las siguientes garantías:

• La prueba que el contenido digital del correo electrónico existía en una fecha y en una hora concretas.

• La demostración de que la integridad del contenido es verificable, así como la información técnica asociada con el protocolo de aplicación.

• La certificación de autenticidad de las fotografías.

Con la utilización de Doyfe, bien mediante su página web o su app, todo Administrador de Fincas colegiado podrá generar y descargar actas de certificación de contenidos digitales tales como correos electrónicos, capturas de páginas web o fotografías.

Conviene subrayar que estas pruebas documentales digitales tendrán una plena validez jurídica ya que son plenamente verificables por un perito informático. Además al incorporar información técnica específica hace que la prueba sea incluso más sólida y fiable, desde el punto de vista técnico, que el acta notarial de un contenido de una página Web o de un correo electrónico.

No cabe duda que la capacidad de realizar certificaciones digitales es algo necesario para todo Administrador de Fincas, así como estar cubierto por un buen Seguro resulta un requisito indispensable para esta profesión. La Correduría de Seguros José Silva nos ofrece una inmejorable póliza, exclusiva para Colegios de AAFF, que cubre los riesgos de la emisión de certificados tanto digitales como manuales. No dudes en consultarles si tienes alguna duda.

 

Fuentes: coafga.org, doyfe.es y elaboración propia.

 

LA JUBILACIÓN DEL AUTÓNOMO

Nos encontramos ante un récord histórico en el mundo laboral de nuestro país, en los cinco primeros meses de este año se han inscrito 56.720 nuevos cotizantes en el Régimen de Trabajadores Autónomos. Quizás este dato haya sido influido por la entrada en vigor de la tarifa plana para todos los nuevos emprendedores, tal vez por la actual incertidumbre que habita en el mercado laboral español, o simplemente por el hecho de tomar las riendas en un proyecto laboral propio, donde uno mismo marca sus objetivos, las decisiones y los retos a alcanzar. De lo que no cabe duda es que ser autónomo es la manera más rápida y sencilla de dar de alta un negocio, ya que no es necesario un proceso previo de constitución, como pasaría en el caso de crear una empresa o sociedad, ni requiere de complicadas gestiones ni trámites legales.

Aunque el trabajador autónomo es consciente de que no cuenta con la seguridad de recibir una cantidad fija mensual, como ocurre en el caso de los asalariados, de que no podrá contar con una prestación por desempleo, ni podrá solicitar una baja, a excepción que sea una incapacidad temporal, su principal preocupación suele referirse a su futuro, más concretamente a su jubilación. De hecho y según los datos del Ministerio de Empleo, los trabajadores autónomos reciben una pensión de media 500 euros inferior a la de un trabajador por cuenta ajena. Ésto es debido a que que la mayoría de autónomos opta por cotizar a la seguridad social por la base mínima, acto que en un primer momento puede favorecer a su negocio, pero que a la larga repercutirá en una menor pensión disponible.

Cualquier autónomo debe conocer que, tras la Reforma del Sistema de Pensiones, sus condiciones de jubilación se calculan en base a las mismas normas genéricas que afectan a todos los trabajadores:

• La edad de jubilación son los 65 años y un mes, cifra que aumentará paulatinamente hasta alcanzar 67 en el año 2027.
• La jubilación anticipada voluntaria es establecida a partir de los 63 años y, como requisito, el trabajador debe contar con con al menos 35 años cotizados.
• El período mínimo de cotización es de 15 años, de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los últimos 15 años trabajados.
• La cuantía de la pensión dependerá de la cantidad que se haya cotizado a la Seguridad Social y del número de años cotizados.

Conviene subrayar que una de las consecuencias más importantes para los autónomos de la reforma de las pensiones es que para conseguir la pensión máxima es indispensable haber cotizado ininterrumpidamente desde los 30 años, además de tener que incrementar a partir de los 42 años sus cuotas a la seguridad social, práctica que antes era habitual realizar a partir de los 48 años.

Sin duda, una de las medidas estrella aprobada en el Decreto-Ley de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral fue la creación de la figura del “pensionista activo“, es decir, la persona jubilada que cobra una parte de su pensión estatal pero que a la vez sigue realizando una actividad laboral. Según la ley establecida, es posible compatibilizar el desarrollo de una actividad por cuenta propia con el cobro del 50% de la jubilación. Además, la reforma incentiva a aquellos trabajadores que decidan posponer su jubilación más allá de los 67 años mediante un incremento de la pensión a cobrar posteriormente.

Ser autónomo no es una tarea sencilla, y mucho menos en España, donde la cuota de la seguridad social, el IVA, el IRPF son más altos que en otros países europeos. Si a ello le sumamos los datos de un informe publicado por la Federación de Trabajadores Autónomos que asegura que la prestación por jubilación media es un 45% inferior a la pensión de un trabajador por cuenta ajena, es normal que entre este colectivo reine la incertidumbre en lo relativo a su futuro. Disponer de un seguro de jubilación es una garantía y un respaldo para cualquier trabajador autónomo, que le aportará confianza y seguridad. Desde José Silva Correduría de Seguros nos ofrecen el Plan de previsión asegurado y plan de pensiones y el Seguro de inversión (medio y largo plazo) y seguro de jubilación, dos magníficos productos, indispensables para la tranquilidad de cualquier trabajador por cuenta propia.

 

Fuentes: boe.es, seg-social.es y elaboración propia.

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EDIFICIOS Y OFICINAS DE AAFF

A pesar de que actualmente el nivel de formación de las personas con discapacidad es cada vez más completo y especializado, tan sólo uno de cada cuatro tiene empleo, dato que resulta del todo injustificado si tenemos en cuenta que nos estamos refiriendo a personas que están acostumbradas a vencer en su día a día todo tipo de obstáculos, lo que les otorga una capacidad de superación y una actitud ideales para ofrecer un rendimiento laboral óptimo. Por si esto fuera poco, poseen una serie de valores comunes como el esfuerzo o la plena disposición, y diversos estudios concluyen que su simple presencia mejora el clima de trabajo e incorpora diversidad a los valores de la empresa. Todas estas características convierten a este colectivo en un gran filón de talento, diversidad y beneficios, a los que les podemos sumar una serie de ventajas económicas y subvenciones dirigidas a evitar su exclusión social y a promover su contratación.

El Real Decreto 1451/1983, por el que se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores con discapacidad, establece una serie de ayudas a las que las empresas tienen derecho si contratan a personas con un grado reconocido de minusvalía igual o superior al 33 por ciento:

• Una subvención de 901,52 euros destinada a la adaptación del puesto de trabajo.
• Una Subvención de 3.907 euros por cada contrato a tiempo completo. En los contratos a tiempo parcial la subvención se reducirá proporcionalmente a la duración de la jornada.
• Una deducción de la cuota del Impuesto de Sociedades de 6.000 euros por cada contrato de tiempo indefinido.
• Una bonificación de las cuotas empresariales de la Seguridad Social de entre 4.500 y 6.300 euros anuales, dependiendo del sexo, la edad y de la severidad de la discapacidad.

Otras ventajas fiscales a la hora de contratar a personas con discapacidad dependerán del tipo de contrato que se les ofrezca, en el caso de ser temporal o en prácticas, la reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social es del 50 por ciento, si es para sustituir bajas temporales de trabajadores con discapacidad, se aplicará una bonificación del 100 por ciento de las cuotas empresariales, durante el tiempo en que persista la situación.

Desde diciembre de 2017, con la entrada en vigor de la Ley de Accesibilidad, tanto las Comunidades de Propietarios como los Administradores de Fincas se vieron implicadas en la búsqueda de soluciones para facilitar y garantizar la accesibilidad a su vivienda a todas las personas con discapacidad. La simple construcción de una rampa o la instalación de un ascensor más amplio supuso una gran mejora en la calidad de vida de multitud de personas con discapacidad, y a su vez el logro de una sociedad más igualitaria y moderna. Aprovechar este impulso y continuar apostando por la integración puede ser llevado a cabo por CCPP y AAFF con la contratación de personas con discapacidad, tanto en edificios como en oficinas, mostrando así su cara más humana y su grado de compromiso social, y al mismo tiempo disfrutando de las ventajas personales y fiscales que este tipo de contratación conlleva.

Entre otros muchos, este tema será tratado en el XXI Congreso Nacional de Administradores de Fincas CNAF 2018, que se celebra del 7 al 9 de junio en Madrid y cuenta con el apoyo de la Correduría de Seguros José Silva, experta en seguros de comunidades de propietarios. Esperamos veros a todos allí.

Fuentes: sepe.es, boe.es y elaboración propia.

 

EL URBANISMO ECOLÓGICO

En la actualidad más del 50 por ciento de la población mundial vive en grandes ciudades, y se prevé que en el año 2050 este porcentaje alcance ya al 70 por ciento, lo que convierte al crecimiento urbanístico en un reto que gobiernos y empresas constructoras han de afrontar de una manera razonable y sostenible. Un rápido aumento en la concentración de personas, activos físicos, y actividades económicas puede traer consigo múltiples riesgos, que podrían perjudicar a la estabilidad social o a la infraestructura crítica, así como provocar potenciales crisis de agua y propagación de enfermedades. Para disminuir los efectos negativos de la urbanización rápida y no planificada es necesario comenzar a aplicar un modelo urbanístico alternativo, que trate de obtener los beneficios económicos, culturales y sociales del crecimiento demográfico apostando por un tipo de ciudad bien administrada, que sea tan eficiente como efectiva y al mismo tiempo reduzca su impacto en el medio ambiente.

El urbanismo ecológico o ecourbanismo busca la planificación y gestión de ciudades sostenibles según las características de su emplazamiento y de las posibilidades respecto a la habitabilidad y la eficiencia urbanística, teniendo siempre presente el respeto al medio ambiente. Para ello resulta primordial la construcción de edificios sostenibles, que aprovechen al máximo las energías renovables (solar, térmica o biomasa), así como el consumo de agua y la gestión de residuos. Otros aspectos importantes que contempla este tipo de urbanismo son la movilidad interna de la urbe, a fin de evitar la contaminación sonora, visual y tóxica y el adecuado tratamiento de los espacios públicos, considerándolos agentes capaces de variar el microclima urbano.

El ecourbanismo mantiene la premisa de que la felicidad de los ciudadanos tiene mucho que ver con la calidad de un buen diseño urbanístico, y por ello busca crear un ambiente idóneo para que los habitantes aprovechen al máximo las bondades del entorno. Por ello le dan protagonismo a la presencia de parques y bosques urbanos en las ciudades, que permitan disponer de espacios para la educación a favor del medio y a la vez mantener la vida silvestre, que contribuye al reequilibrio emocional de las personas.

Está en manos de las empresas de construcción el uso de criterios de sostenibilidad, que solo se podrán llevar a cabo adoptando diseños y tecnologías que permitan reducir el derroche de materiales y energía actual, pero que además eviten los focos de contaminación y contribuyan a la salud física y emotiva de sus habitantes. Ésto sólo se podrá llevar a cabo tomando las siguientes medidas:

• Utilizando criterios, técnicas y herramientas para el análisis y síntesis de procesos eco-eficientes. Las infraestructuras tienen que acompañar a los nuevos espacios.
• Diseñando indicadores e instrumentos de control de la gestión ambiental.
• Desarrollando y aplicando herramientas para la valoración del ciclo de vida de los productos.
• Teniendo total conocimiento del consumo energético y del comportamiento térmico-acústico de los materiales de construcción.
• Analizando el posible impacto de la construcción con su entorno. Se acabó el “cualquier lugar vale”
• Eliminando correctamente los residuos de la construcción.
• Estableciendo medidas para el mantenimiento y conservación de las construcciones. El seguro ofrece soluciones de mantenimiento en los edificios como valor añadido a la cobertura de los riesgos.

El término bioconstrucción empieza a brotar con fuerza entre los círculos especializados del sector y cada vez surgen más empresas que se especializan en construir cumpliendo con los requisitos ambientales y de sostenibilidad. Aprovechar un hueco en un mercado cada vez más en auge como es el ecológico es una gran oportunidad que toda empresa de la construcción debe considerar, y para ello le resultará imprescindible contar con un Seguro de Responsabilidad Civil y a su vez un Seguro de Responsabilidad Medioambiental. Si deseas más información sobre seguros de empresas, saber cuáles son obligatorios y cuáles recomendables, no dudes en contactar con José Silva Correduría de Seguros, son especialistas y resolverán todas tus dudas.

 

Fuentes: bcnecologia.net y elaboración propia.

 

¿ESTÁN DE VUELTA LAS MALAS PRÁCTICAS INMOBILIARIAS?

Tanto la crisis económica como el estallido de la burbuja inmobiliaria marcaron una brusca caída del mercado inmobiliario español: la compraventa de viviendas se vio estancada a causa de hipotecas inaccesibles, falta de crédito, incertidumbre económica y otros factores. Sin embargo el contexto actual ha variado considerablemente, y tanto el número de operaciones de compraventa de vivienda como la firma de hipotecas vuelven a cifras positivas. La mala noticia es que junto a estos buenos datos han regresado las dudosas prácticas que algunas inmobiliarias establecieron durante el pasado “Boom inmobiliario”. El abuso bancario con la imposición de productos vinculados, tasaciones sobrevaloradas, elevadas comisiones fuera del precio real de compraventa de vivienda, la modificación de las condiciones firmadas en los contratos o el incumplimiento del deber de información, son ejemplos de estas prácticas abusivas que parecían haber desaparecido, pero que por desgracia vuelven a estar a la orden del día, como la compra sobre plano sin la protección de seguro hasta que el promotor obtiene la licencia. Parece que 8 años de profunda crisis han servido de poco escarmiento.

 

Las malas praxis utilizadas por cierto tipo de comisionistas parecen ensombrecer a la totalidad del negocio inmobiliario, el cual debe adoptar compromisos y soluciones para satisfacer el creciente número de compradores de hoy en día, que conocen lo que significa pasar por una crisis económica y por ello están mejor formados que nunca: leen la letra pequeña, conocen como funcionan las hipotecas, qué es un swap o una cláusula suelo, y además se informan más y mejor sobre los precios, ya que tienen más instrumentos a su alcance para hacerlo.

 

Evitar todo tipo de malas prácticas, para dar así legitimidad a los intermediarios y al mercado inmobiliario en general se convierte en un asunto primordial, que solo se podrá conseguir marcando una serie de requisitos y pautas de buenas conductas que toda empresa debería cumplir:

• Profesionalidad y formación: Los agentes inmobiliarios han de ser trabajadores expertos en su sector, conocedores de las tendencias del mercado y del valor real de todo tipo de inmuebles.
• Honestidad: Los datos fundamentales, las características del inmueble y las condiciones de adquisición han de comunicarse al cliente con veracidad y objetividad, huyendo del engaño, por mínimo que sea.
• Transparencia: Se conseguiría fácilmente si las empresas hiciesen públicos los porcentajes que configuran sus honorarios por el trabajo de intermediación realizado.
• Legalidad: La firma de un contrato, entre inmobiliaria y cliente, donde se establezcan todas las condiciones de la intermediación, lograría controlar y evitar el uso de malas prácticas, como por ejemplo las duplicidades de honorarios.
• Garantía: El inmueble que se entrega al cliente debe cumplir las condiciones que se estipularon. Resulta necesario que toda empresa inmobiliaria cuente con un servicio de postventa encargado de atender posibles consultas y quejas del cliente.

Las buenas prácticas de los agentes intermediarios de vivienda son una necesidad que incluso a día de hoy marca la sociedad, pero que sólo se podrá conseguir junto a un sector inmobiliario saneado y solvente. Una posible solución consistiría en proporcionar un marco que anime a los propietarios a sacar sus casas al mercado del arrendamiento, consiguiendo así que el alquiler de viviendas sea una alternativa real en España. El contrato de un seguro de alquiler, que cubra al propietario ante el posible impago de las rentas, asuma el compromiso de resarcir los daños causados por actos vandálicos y la reclamación jurídica es, sin duda, la garantía que todo dueño de vivienda o negocio inmobiliario necesita para sentirse tranquilo.

 

Fuentes: boe.es y elaboración propia.