NOVEDADES Y MEDIDAS DEL ACUERDO AUTÓNOMOS 2019

Representan el 17,25% del total de los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social en nuestro país, han sido decisivos en la recuperación económica y son una pieza fundamental para la creación de empleo. Estamos hablando de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, un colectivo en continua lucha por conseguir nuevas medidas que fomenten los proyectos emprendedores y lograr equiparar sus prestaciones con la de los asalariados. Aunque casi ha pasado un año desde la entrada en vigor de la nueva ley de Reformas urgentes del Trabajo Autónomo, muchas de sus disposiciones han resultado ser insuficientes para la mejora de las condiciones de esta comunidad, e incluso algunas de ellas no se han llevado a cabo a día de hoy.

Con el objetivo de transmitir estas reivindicaciones al actual gobierno, el movimiento de apoyo al desarrollo de pequeños empresarios, autónomos y profesionales #YaSomosFuturo mantuvo un encuentro el pasado martes 27 de noviembre con Magdalena Valerio, Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Casi todas las cuestiones tratadas se centraron en el Acuerdo de Autónomos 2019, que se encuentra en la actualidad sobre la Mesa de Diálogo Social para su estudio, y en discutir cuáles deben de ser las medidas fundamentales que posibiliten un entendimiento entre las principales asociaciones de autónomos (ATA, UPTA y CEAT) y el Ministerio de Trabajo.

Tras la reunión, la ministra Valerio ha mostrado su satisfacción por los avances conseguidos, y ha destacado los siguientes puntos alcanzados vía consenso:

• La universalización de la cobertura de contingencias profesionales, tanto debidas a enfermedad como las relacionadas con un accidente. Todos los autónomos estarán cubiertos, y no deberán pagar un plus por esta garantía.
• La simplificación de la tramitación del cese de actividad, con el objetivo de evitar que el proceso sea tan complejo como en la actualidad, lo que provoca que gran número de las solicitudes acaben siendo denegadas. Además, cada vez que sea solicitada la prestación por cese de actividad se creará una comisión formada por un representante de la Mutua, un representante del autónomo afectado y un responsable de la Seguridad Social que estudiará el caso concreto, y emitirá un criterio perceptivo y vinculante.
• Se dará cobertura a los autónomos con discapacidad sobrevenida, por accidente, enfermedad, o cualquier otra causa. En la actualidad, solo si previamente al inicio de la actividad era reconocida la incapacidad del 33%, o más, se tiene derecho al acceso a determinadas bonificaciones.
• Las Mutuas, con la colaboración del gobierno, pondrán en marcha programas de formación y prevención de riesgos laborales específicos para los trabajadores autónomos.
• Las cotizaciones por bajas temporales serán realizadas por la propia Seguridad Social a partir del segundo mes de situación de baja, y serán abonadas con cargo a los ingresos que se obtienen por cuotas percibidas en conceptos de cese de actividad.

A pesar de que estas medidas suponen un avance en los derechos de los trabajadores autónomos, hay que puntualizar que todas ellas quedan vinculadas a una subida del 1,25% de la base de cotización en el año 2019, lo que supondrá un aumento en la cuota mensual de aproximadamente 6 euros.

Quedan muchos pasos por dar para conseguir que los trabajadores autónomos dejen de ser un colectivo desprotegido y vulnerable. La simple posibilidad de sufrir una enfermedad o un accidente puede suponer al trabajador por cuenta propia un considerable varapalo económico, debido a verse en la obligación de seguir haciendo frente al pago de la cuota mensual de autónomos establecida en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). El seguro privado aporta soluciones de forma unitaria o mediante la protección integral que brinda un programa de Seguros para cada autónomo, a satisfacción de cada necesidad personal o familiar, y que sirva como complemento a la cobertura de la Seguridad Social. Si eres trabajador autónomo, acude a tu Correduría de confianza donde te asesorarán correctamente sobre las mejores opciones y los mejores precios de las pólizas disponibles en el mercado, y te informarán sobre qué programa se adapta mejor a tus necesidades, así como sobre sus ventajas fiscales.

 

Fuentes: elpais.com y elaboración propia.

 

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¿TENGO DERECHO A UN PERMISO POR CONSULTA MÉDICA?

¡Qué rápido pasa el tiempo!, ya casi es diciembre, las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina e intentar sacar de tu mente la multitud de preparativos que ello conlleva te parece una tarea casi imposible. Luces, villancicos y adornos ya empiezan a estar presentes en multitud de calles y escaparates, recordándote las miles de tareas y compromisos que tendrás que planear para esas fechas. Pero casi sin darte cuenta, las bajas temperaturas te han traído un regalo adelantado: estornudos, dolor de cabeza, escalofríos, algo de tos… parece ser que que has cogido el primer resfriado de la temporada. Recuerdas lo que te ocurrió el año pasado; un catarro mal curado por no haber ido al médico te tuvo casi una semana en cama sin poder ir a trabajar. Como no eres de los que tropiezan dos veces con la misma piedra, pides rápidamente cita para una consulta, pero caes en la cuenta de que mañana trabajas a turno partido y no vas a tener ni un hueco libre para ir al centro de salud. ¿Tienes derecho a ausentarte del trabajo el tiempo necesario para acudir a una consulta médica?

Aunque parezca lo contrario, abordamos un tema sobre el que hay mucho desconocimiento y desinformación, tanto por parte de los trabajadores como de los empleadores. Primero debemos aclarar que tienes derecho a acudir a una cita médica en tus horas laborales, pero seguro que te sorprenderá saber que la ley no contempla la obligación de que ese permiso sea retribuido por tu empresa. En el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores se recogen todos los permisos reconocidos y en ningún caso aparece el retribuido para asistir a una consulta médica, incluso si tienes que acudir con carácter de urgencia. Dicha ley sólo lo admite para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto. En resumidas cuentas, no le podrás reclamar a tu empresa ese tiempo en salario, tienes un permiso no retribuido para ir al médico, y en consecuencia podrían descontarte el lapso de tiempo que has estado fuera de tu puesto o exigirte que lo recuperes en otro momento.

Pero no te eches las manos a la cabeza por esta información, la Ley del Estatuto de los Trabajadores es una norma de derechos mínimos, y por negociación colectiva se pueden ampliar los permisos existentes. Existen multitud de Convenios Colectivos que reconocen el derecho retribuido para acudir a una consulta médica, regulando en cada caso el tiempo disponible para su realización, la cantidad de veces que se puede disfrutar de este permiso al año, con cuánto tiempo de antelación hay que avisar a la empresa y la necesidad de la entrega de justificantes.

Por otra parte, existe un caso particular como es el del permiso que puede necesitar un trabajador para acompañar a un hijo menor de edad al médico, que a pesar de no aparecer de forma expresa como permiso retribuido en el referido artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, es un derecho que ninguna empresa puede negar. Ésto es debido fundamentalmente al artículo 39.3 de nuestra Constitución, que establece que “los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda”, y al artículo 142 del Código Civil que dispone que “el padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad, están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles sustento, habitación, vestido y asistencia médica”. Aun así, para la concesión de este permiso retribuido para acudir con el hijo al médico, siempre debe estar justificado que no se pueda acudir fuera del horario de trabajo sin comprometer la salud del menor o que no exista la posibilidad de que sea acompañado por su otro progenitor.

Seguramente en estos momentos te estés preguntando si tu convenio laboral te da derecho o no a un permiso retribuido por consulta médica, pero antes de comprobarlo recuerda que si tienes contratado un Seguro de salud una de las muchas ventajas que te ofrece es poder elegir entre una amplia variedad de profesionales médicos y horarios de consulta. En el caso de que seas propietario de un negocio, ten en cuenta que el principal activo de tu empresa son sus empleados. Invertir en un Seguro médico para tus trabajadores es un excelente incentivo que les brindará una asistencia médica rápida, eficaz y de máxima calidad, mediante la cual conseguirás reducir los tiempos de espera, minorar la duración de las bajas laborales y reducir el absentismo considerablemente. Además cuenta con un tratamiento fiscal favorable para la empresa, ya que todas las primas pagadas, incluso las del empresario y su familia, son un gasto deducible en el Impuesto de Sociedades o en Actividades Económicas en régimen de estimación directa.

 

Fuentes: Estatuto de los Trabajadores, Código Civil, Constitución Española y elaboración propia.

 

¿QUIÉN DEBE HACERSE CARGO DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA?

La respuesta puede parecer obvia: quien los causa. Es cierta la afirmación, sin embargo lo que resulta difícil de establecer es quien los causa, sigue leyendo y lo comprobarás. Para la mayoría de los ciudadanos de nuestro país la compra de una vivienda es una de las mayores inversiones que realiza en su vida, por lo cual resulta necesario que se recabe información (lo ideal sería un estudio de mercado encargado a profesionales) antes de precipitarse en ejecutar una mala operación inmobiliaria que incluso puede condicionar la economía familiar del afectado. Buscar una hipoteca que ofrezca unas condiciones favorables para el comprador y que no suponga más del 40% de los ingresos estables de la unidad familiar, revisar toda la fiscalidad aparejada a la compra de la vivienda (ITP o AJD) y calcular minuciosamente los gastos de comunidad (y su influencia en la rentabilidad del inmueble, si el uso fuese para dedicarla al alquiler) son requisitos indispensables para lograr minimizar los riesgos asociados a la compra. Por otro lado, el certificado de eficiencia energética (imprescindible siempre que se vendan o alquilen edificios o partes de los mismos, como pisos, apartamentos o locales comerciales) aportará al comprador información sobre el consumo anual de energía necesario para satisfacer la producción de agua caliente, calefacción, iluminación, refrigeración y ventilación del inmueble en condiciones normales de ocupación y funcionamiento. Otro aspecto que se debe tener muy en cuenta a la hora de adquirir una vivienda es la contratación de un Seguro de hogar multirriesgo, que garantice la cobertura del continente y el contenido, así como la responsabilidad civil frente a terceros.

Sin embargo, aun a pesar de que el comprador haya intentado identificar, evaluar y prevenir todos los riesgos, es posible que meses después de la adquisición de la vivienda se encuentre con ciertos problemas inesperados. La aparición de desperfectos como por ejemplo grietas en las paredes originados por un mal diseño o el uso de materiales poco adecuados, o humedades debidas a filtraciones de agua en paredes o la cubierta son problemas más habituales de lo que podríamos suponer, pero que nos pasan inadvertidos porque no son objeto de interés para los medios de comunicación, salvo que afecten de forma abrupta a un colectivo importante. ¿Quién es el responsable de subsanar estos defectos de construcción?

En primer lugar conviene aclarar que al deberse a defectos o vicios de construcción, ni el seguro de hogar ni el seguro de la Comunidad de Propietarios cubrirán la reparación de estos desperfectos ni del elemento que los origina, porque de forma generalizada las pólizas de seguro excluyen los daños que tengan su origen en defectos de construcción o mantenimiento . Por lo tanto, si el piso o la casa fue adquirida en el mercado de segunda mano, el responsable puede ser el vendedor, por vicios ocultos, y en el caso de que se trate de una vivienda de nueva construcción los responsables podrían ser el contratista, subcontratista, trabajadores autónomos, coordinadores, dirección facultativa, proyectistas, recursos preventivos y promotor (decide, impulsa, programa y financia). Los plazos de garantía y demanda también varían en función de si la vivienda es nueva o de segunda mano:

• Si la vivienda es nueva, la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) establece diez años de garantía para defectos de construcción que afecten a la estructura y la estabilidad del edificio, tres años para defectos en elementos que hagan inhabitable el inmueble, y un año para defectos en los acabados de los elementos de la casa. Una vez constatado un defecto dentro de esos plazos de garantía, el propietario tiene dos años para hacer la reclamación a todas las figuras intervinientes o algunas en concreto.

• Si la vivienda es de segunda mano, el plazo para reclamar los vicios ocultos al vendedor caduca a los seis meses desde la fecha de la venta, pasado ese tiempo se pierde la posibilidad de ejercer legalmente. El comprador podrá exigir que se repare el defecto o bien que se le reintegre la parte del precio que cubra esos defectos. La figura de vendedor alcanza al propietario e intermediario que intervino en la operación, de ahí la importancia de confiar en profesionales asentados en el mercado y huir de “caza-comisiones”

La Disposición Adicional Segunda de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación establece que el responsable de la obra o titular de la licencia es quien tiene la obligación de contar con un Seguro Decenal de Daños para aquellas edificaciones cuyo uso principal sea el de vivienda, con el objetivo de que en caso de defectos de construcción en las casas construidas, la compañía de seguros pueda responder por el promotor e indemnice a los compradores afectados. Conviene recordar que toda Comunidad de Propietarios es promotor en aquellas obras de rehabilitación integral que realice, y por tanto está obligada legalmente a responder de los daños que puedan causar. En estos casos, la contratación de un Seguro decenal de rehabilitación de edificios y obra nueva se convierte en algo indispensable.

Fuentes: boe.es y elaboración propia.

 

EL IMPACTO ECONÓNIMO DEL CANCER EN LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Los trabajadores autónomos son personas emprendedoras que no temen involucrarse en la fundación de un negocio o pequeña empresa, aun a pesar de los riesgos que el proyecto pueda conllevar. Saben que estableciendo una buena planificación y unas medidas adecuadas, como son un correcto estudio de mercado y un buen plan de marketing, la mayor parte de las adversidades pueden ser superadas con éxito. Pero también son conscientes de que forman parte de un colectivo desprotegido y vulnerable económicamente, ya que en caso de sufrir una enfermedad o un accidente seguirán teniendo que hacer frente al pago de la cuota mensual de autónomos establecida en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Dicha realidad se vuelve insostenible cuando un trabajador autónomo es diagnosticado de una enfermedad, por ejemplo un cáncer, que puede provocar una merma en su capacidad para desempeñar sus labores debido a los síntomas o a los tratamientos, y en muchas ocasiones tener que someterse a intervenciones y largos periodos de hospitalización. En nuestro país, el 80 por ciento de los trabajadores por cuenta propia cotizan por la base mínima, lo que significa que en caso de coger una baja laboral recibirán alrededor de unos 680 euros al mes. Si a esta cifra le descontamos los 275 euros mensuales que deben cotizar a la Seguridad Social el resultado es escalofriante: esa persona dispondrá de tan solo 400 euros al mes para cubrir todos sus gastos básicos, a los que habría que sumar los relativos al tratamiento de su enfermedad. La Asociación Española Contra el Cancer (AECC) cuantifica que el cáncer de mama requiere un gasto adicional de unos 150 euros de media, y en el caso del cáncer gástrico la cifra puede superar los 300.

Cada año en nuestro país son diagnosticadas de cáncer unas 11.000 personas trabajadoras por cuenta propia, que según los datos del informe titulado “El impacto económico del cáncer en las familias en España”, elaborado por la AECC, podrían encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad. Esto es debido a que una larga baja laboral, como la que puede ocasionar una enfermedad grave, tiene muchas posibilidades de arruinar a un trabajador autónomo, ya que tiene que seguir manteniendo su actividad y la cotización, tan solo contando con una prestación económica de bajo importe. “En muchos casos los gastos habituales de sus negocios no se paran y corren el riesgo de tener una quiebra financiera”, explica la responsable del Trabajo Social de la AECC, Raquel del Castillo. A esta problemática hay que añadirle el hecho de que muchas de estas personas comparten estas situaciones con sus familias, no siendo ellas las únicas perjudicadas, sino viéndose afectada toda la unidad familiar que puede entrar en un claro riesgo de exclusión social debido al cáncer.

Para combatir un panorama tan alarmante como es el que un trabajador por cuenta propia que padezca un cáncer pueda encontrarse en situaciones de extrema dificultad económica, varias organizaciones han establecido propuestas como una comisión de prestaciones especiales. Mientras se barajan soluciones como una ayuda por parte de las mutuas de 30.000 euros al año para contratar a una persona (autónomo o asalariado) para que pueda cubrirle en su negocio, o subvenciones para pagar los estudios de los hijos, los trabajadores autónomos que padecen graves enfermedades siguen en una situación de desamparo. Es por ello que se tercia imprescindible que todo trabajador por cuenta propia disponga de un Seguro especialmente diseñado para trabajadores autónomos como complemento a la cobertura de la Seguridad Social. Acude a tu Correduría de confianza para que te asesoren correctamente sobre las mejores opciones y los mejores precios de las pólizas disponibles en el mercado y te den consejo profesional sobre qué programa se adapta mejor a tus necesidades y te informen sobre sus ventajas fiscales.

Fuentes: Asociación Española Contra el Cáncer, mutuauniversal.net y elaboración propia.

 

¿QUE OBLIGACIONES TIENE LA EMPRESA CON UN EMPLEADO DIAGNOSTICADO DE CÁNCER?

Cuando a una persona le comunican que padece una enfermedad tan temida como es el cáncer, lo más probable es que sufra un shock emocional y necesite tiempo para asimilar lo que le está sucediendo. Nadie está preparado para recibir una noticia de tal magnitud, ante la cual se suele reaccionar con miedo y desesperanza, pero sobre todo con incertidumbre e inseguridad respecto a su futuro. Es muy recomendable que en esos momentos el paciente se sienta arropado por sus familiares y amigos de confianza y que les intente expresar sus sentimientos, bien sean de tristeza, miedo o enojo. Cuando alguien sufre un cáncer, sanar debería ser su única preocupación, pero por desgracia a todos los temores que rodean a los pacientes durante la enfermedad, se les suele sumar la incertidumbre sobre su puesto de trabajo. La posibilidad de que deba ausentarse reiteradamente para acudir a citas o pruebas médicas, que su capacidad para desempeñar su labor se vea mermada debido a los síntomas de la enfermedad o tratamientos, o tener que someterse a intervenciones o largos periodos de hospitalización provocan en el enfermo temor a sufrir un trato discriminatorio en su empleo debido a su condición de salud.

En el caso de que el trabajador que padezca cáncer se encuentre de baja laboral por incapacidad temporal, su empresa tiene una serie de obligaciones como son entregar y tramitar los partes de baja a la Mutua en un plazo de 3 días hábiles y abonar al trabajador el pago delegado de la prestación de incapacidad temporal según lo marque su correspondiente Convenio Colectivo. En el caso de que no existan mejoras establecidas en el Convenio, la Ley General de la Seguridad Social establece que las cuantías a pagar son las siguientes:

• Los 3 primeros días van a cargo del trabajador.
• Del cuarto al decimoquinto día de la baja, es la empresa la que tiene la obligación de pagar el 60% de la base reguladora del mes anterior.
• Del decimosexto día al vigésimo, la responsabilidad de la prestación corre a cargo del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) o de la Mutua. Generalmente es la propia empresa la que hace el pago delegado, es decir abona el salario al trabajador por delegación del INSS. Durante este periodo se paga el 60% de la base reguladora.
• Del vigésimo primero día en adelante, se paga el 75% de la base reguladora y la responsabilidad de la prestación es de la Mutua correspondiente.

Conviene aclarar que la ley estipula que la duración máxima de una baja laboral por incapacidad temporal es de 12 meses y 6 meses de prórroga. Agotados estos plazos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) será el único competente para iniciar una valoración de incapacidad permanente o para emitir el alta médica.

En el caso de que las secuelas de la enfermedad, las cirugías o los tratamientos contra el cáncer no permitieran al empleado a volver a realizar las tareas que desempeñaba con anterioridad, el empresario tendrá la obligación de garantizar de manera específica su protección, ya que el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que ningún trabajador puede ser empleado en determinadas labores cuando se encuentre manifiestamente en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de su puesto de trabajo.

Si la persona diagnosticada de cáncer es un autónomo, la cuantía de la prestación por incapacidad temporal se calculará en base a la cotización correspondiente al mes anterior a la baja médica dividida entre 30. Debido a que durante el período de baja por incapacidad temporal se tendrá la obligación de seguir cotizando en el régimen especial de autónomos, y que habitualmente estos trabajadores cotizan por la base mínima (esto quiere decir que la cuantía de la prestación suele ser muy limitada), se tercia imprescindible que cuenten con un Seguro privado como complemento a la cobertura de la Seguridad Social. Desde la Correduría José Silva nos ofrecen un Seguro especialmente diseñado para trabajadores autónomos, desde 6 euros al día y con desgravación fiscal. Puedes contactar con ellos si deseas obtener más información desde este formulario o en el teléfono 91 535 30 09.

 

Fuentes: seg-social.es, aecc.es y elaboración propia.

 

 

¿CONOCES EL COSTE DE LAS BAJAS LABORALES EN TU EMPRESA?

Quizá no te hayas parado a pensar lo que representa para tu empresa las bajas laborales, mira estos datos y podrás tener una idea aproximada. Al alcanzar los 3,1 días al año por trabajador, España supera la media mundial en número de bajas laborales, situándose en quinto lugar entre los demás países de la Unión Europea. En la actualidad, la depresión es la principal causa de baja laboral, que suele estar motivada por el estrés que provoca un alto volumen y ritmo de trabajo al que los empleados se pueden ver sometidos. En segundo lugar encontramos la baja por embarazo y el permiso por baja maternal, que da derecho a disfrutar de 16 semanas, un periodo muy inferior al de la mayoría de los países europeos. Las enfermedades profesionales y los accidentes laborales ocupan el siguiente lugar de la lista, cuyas cifras podrían verse reducidas si las empresas destinasen más recursos y medidas en prevención de riesgos laborales.

Sabemos que la baja laboral es un derecho del que todo trabajador dispone en caso de que sufra un accidente, enfermedad u otra situación tanto física como psicológica que le impida realizar sus tareas laborales con normalidad, pero, ¿Qué coste supone esta incapacidad para el empresario? Revisar el Convenio Colectivo aplicable a la empresa nos ilustrará sobre algunas obligaciones que pueden externalizarse mediante seguros privados o ser asumidos por el empresario. Para responder a esta cuestión, primero deberemos diferenciar entre los distintos tipos de contingencias que hayan motivado la baja laboral, ya que tendrán una regulación diferente. Las provocadas por una enfermedad común, que no tenga conexión alguna con el trabajo que se realiza ni se haya producido como consecuencia directa o indirecta de éste, y los accidentes que se producen fuera de la jornada laboral (exceptuando los in itinere) son conocidas como Contingencias Comunes. En este caso, la prestación económica a la que tiene derecho el trabajador corre a cargo de la empresa del 4º al 15º día de la baja, ya que el día 1º al 3º el trabajador no percibe salario. A partir del día 16º de la baja corre a cargo del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) o de la Mutua, aunque el pago lo realiza la empresa en la nómina del trabajador como “pago delegado” posteriormente le será compensado en los seguros sociales mensuales. Algunos convenios sectoriales contemplan el pago del 100 % a cargo de la empresa.

En el caso de que la situación de incapacidad temporal sea derivada de Contingencias Profesionales, es decir, de enfermedades que padece el trabajador como consecuencia de la labor que desempeña (Enfermedad Profesional), o a causa de un accidente que se haya producido en el trabajo (bien dentro de la jornada laboral, bien in itínere), desde el día siguiente al accidente, la prestación económica a la que tiene derecho el trabajador corre a cargo de la Mutua. Conviene apuntar que en caso de accidente laboral, el día en que se produzca será considerado como día trabajado.

De nuevo habrá que tener en cuenta la regulación propia que cada convenio colectivo pueda establecer en los supuestos de incapacidad temporal, ya que en muchos de ellos pueden estar fijados una serie de complementos que la empresa deberá abonar al trabajador para que éste no vea mermada su capacidad económica durante el período de baja. También en éste supuesto se puede asegurar el riesgo mediante pólizas de seguro para tal fin.

Como podemos observar, las bajas laborales de sus empleados pueden significar un coste directo para las empresas, que en nuestro país el pasado año ha superado la cifra de 6.200 millones de euros. Con el fin de evitar estas cuantiosas pérdidas, las empresas deben apostar por proteger al trabajador de los riesgos que se derivan del desempeño de su labor, y para ello resulta imprescindible que cuente con una adecuada política en prevención de riesgos laborales, que logre evitar o minimizar las causas de los accidentes y de las enfermedades derivadas del trabajo. Pero para lograr dicho objetivo ésto no será suficiente, también resultará fundamental que el empresario establezca un Plan estratégico de riesgos personales y una política de salud en su empresa, centrado en el desarrollo del bienestar físico y emocional de sus empleados. Un empleados sano y feliz rinde más y trata mejor a los clientes, es conocido el dicho de que el empresario debe cuidar a sus trabajadores para que éstos cuiden de sus clientes. Aprovechar la ventaja fiscal que aporta la contratación de un Seguro de Salud para sus trabajadores, minimiza el coste y les brinda una asistencia médica rápida, eficaz y de máxima calidad, es un excelente incentivo mediante el cual consigue además reducir los tiempos de espera para pruebas específicas, minorar la duración de las bajas laborales y reducir el absentismo considerablemente.

Fuentes: seg-social.es y elaboración propia.

 

EL RECONOCIMIENTO MÉDICO LABORAL ¿ES OBLIGATORIO?

El reconocimiento médico laboral es un derecho de todo trabajador, establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 22. El empresario tiene la obligación de garantizar la vigilancia periódica del estado de salud de sus empleados, prestando especial atención a los riesgos específicos de cada puesto. Dichos riesgos deben haber sido estipulados previamente mediante la realización de una evaluación de riesgos laborales, proceso dirigido a identificar los elementos peligrosos de cada función que el trabajador debe realizar. El reconocimiento sólo podrá ser efectuado por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada, y sus resultados serán comunicados únicamente al trabajador. Los datos relativos al resultado de las pruebas diagnósticas deben ser tratados siempre respetando el derecho a la intimidad y confidencialidad del paciente, por lo tanto, el acceso a la información médica se limitará al personal sanitario, sin que pueda facilitarse al empresario u otra persona sin consentimiento expreso del trabajador. De lo único que serán informados tanto el empresario como las personas responsables de la prevención será de las conclusiones de los reconocimientos. Éstas deben expresarse en términos de apto o no apto para el trabajo y de unas conclusiones que comuniquen si hay necesidad de introducir medidas en materia de prevención durante el desempeño de las funciones del trabajador.

Por otra parte, conviene subrayar que el reconocimiento médico laboral tiene carácter voluntario, es decir, solo podrá efectuarse con el consentimiento del trabajador, siempre que no se cumplan las siguientes excepciones:

• Cuando el reconocimiento médico sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.
• Cuando se deba verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.
• Cuando la obligatoriedad esté establecida en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El pasado mes de marzo conocíamos una sentencia del Tribunal Supremo de Madrid (STS 7 de marzo de 2018 (Rec. 42/2017), que daba la razón a una empresa de seguridad privada que pretendía que el reconocimiento laboral fuese obligatorio para todos sus vigilantes. La resolución deja claro que el derecho del trabajador afectado a negarse al reconocimiento cede y termina donde empieza el riesgo grave para la vida, integridad y salud de terceros, que no pueden verse afectados por la indolencia del trabajador renuente. Aunque esta conclusión trata de poner el foco sobre la aptitud del trabajador para el desempeño de actividades especialmente delicadas y sensibles, no deja de manifestar que los datos relativos a la salud de los trabajadores no podrán ser usados en perjuicio de los trabajadores, sino como mero instrumento para lograr una mejora en el servicio.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales deja claro que los reconocimientos médicos no pueden ser un requisito para entrar a formar parte de la empresa o para mantener el puesto de trabajo. Sus resultados jamás podrán ser un motivo de despido o una forma de discriminación, y en ningún caso el empresario podrá conocer más que si el trabajador es apto o no para realizar las funciones características de su puesto de trabajo.

Sin duda alguna, los empleados son el activo más importante de una empresa, ya que son los encargados de ejecutar los procesos, los responsables de desarrollar servicios y productos, y quienes atienden a los clientes. Cuidar de su salud y bienestar es una pieza clave para conseguir que nuestro negocio consiga mayor productividad y rendimiento, por lo cual además de cumplir estrictamente con la vigilancia de su estado de salud mediante reconocimientos médicos periódicos es conveniente brindarles una asistencia médica rápida, eficaz y de máxima calidad. Este objetivo se puede conseguir fácilmente mediante la contratación de un Seguro de Salud para sus trabajadores, que aparte de ser un excelente incentivo para el empleado, reducir los tiempos de espera para pruebas específicas y minorar el absentismo, cuenta con tratamiento fiscal favorable para la empresa, ya que todas las primas pagadas, incluso las del empresario y su familia, son un gasto deducible en el Impuesto de Sociedades o en Actividades Económicas en régimen de estimación directa.

 

Fuentes: Ley de Prevención de Riesgos Laborales, boe.es y elaboración propia.