¿QUIÉN DEBE HACERSE CARGO DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA?

La respuesta puede parecer obvia: quien los causa. Es cierta la afirmación, sin embargo lo que resulta difícil de establecer es quien los causa, sigue leyendo y lo comprobarás. Para la mayoría de los ciudadanos de nuestro país la compra de una vivienda es una de las mayores inversiones que realiza en su vida, por lo cual resulta necesario que se recabe información (lo ideal sería un estudio de mercado encargado a profesionales) antes de precipitarse en ejecutar una mala operación inmobiliaria que incluso puede condicionar la economía familiar del afectado. Buscar una hipoteca que ofrezca unas condiciones favorables para el comprador y que no suponga más del 40% de los ingresos estables de la unidad familiar, revisar toda la fiscalidad aparejada a la compra de la vivienda (ITP o AJD) y calcular minuciosamente los gastos de comunidad (y su influencia en la rentabilidad del inmueble, si el uso fuese para dedicarla al alquiler) son requisitos indispensables para lograr minimizar los riesgos asociados a la compra. Por otro lado, el certificado de eficiencia energética (imprescindible siempre que se vendan o alquilen edificios o partes de los mismos, como pisos, apartamentos o locales comerciales) aportará al comprador información sobre el consumo anual de energía necesario para satisfacer la producción de agua caliente, calefacción, iluminación, refrigeración y ventilación del inmueble en condiciones normales de ocupación y funcionamiento. Otro aspecto que se debe tener muy en cuenta a la hora de adquirir una vivienda es la contratación de un Seguro de hogar multirriesgo, que garantice la cobertura del continente y el contenido, así como la responsabilidad civil frente a terceros.

Sin embargo, aun a pesar de que el comprador haya intentado identificar, evaluar y prevenir todos los riesgos, es posible que meses después de la adquisición de la vivienda se encuentre con ciertos problemas inesperados. La aparición de desperfectos como por ejemplo grietas en las paredes originados por un mal diseño o el uso de materiales poco adecuados, o humedades debidas a filtraciones de agua en paredes o la cubierta son problemas más habituales de lo que podríamos suponer, pero que nos pasan inadvertidos porque no son objeto de interés para los medios de comunicación, salvo que afecten de forma abrupta a un colectivo importante. ¿Quién es el responsable de subsanar estos defectos de construcción?

En primer lugar conviene aclarar que al deberse a defectos o vicios de construcción, ni el seguro de hogar ni el seguro de la Comunidad de Propietarios cubrirán la reparación de estos desperfectos ni del elemento que los origina, porque de forma generalizada las pólizas de seguro excluyen los daños que tengan su origen en defectos de construcción o mantenimiento . Por lo tanto, si el piso o la casa fue adquirida en el mercado de segunda mano, el responsable puede ser el vendedor, por vicios ocultos, y en el caso de que se trate de una vivienda de nueva construcción los responsables podrían ser el contratista, subcontratista, trabajadores autónomos, coordinadores, dirección facultativa, proyectistas, recursos preventivos y promotor (decide, impulsa, programa y financia). Los plazos de garantía y demanda también varían en función de si la vivienda es nueva o de segunda mano:

• Si la vivienda es nueva, la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) establece diez años de garantía para defectos de construcción que afecten a la estructura y la estabilidad del edificio, tres años para defectos en elementos que hagan inhabitable el inmueble, y un año para defectos en los acabados de los elementos de la casa. Una vez constatado un defecto dentro de esos plazos de garantía, el propietario tiene dos años para hacer la reclamación a todas las figuras intervinientes o algunas en concreto.

• Si la vivienda es de segunda mano, el plazo para reclamar los vicios ocultos al vendedor caduca a los seis meses desde la fecha de la venta, pasado ese tiempo se pierde la posibilidad de ejercer legalmente. El comprador podrá exigir que se repare el defecto o bien que se le reintegre la parte del precio que cubra esos defectos. La figura de vendedor alcanza al propietario e intermediario que intervino en la operación, de ahí la importancia de confiar en profesionales asentados en el mercado y huir de “caza-comisiones”

La Disposición Adicional Segunda de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación establece que el responsable de la obra o titular de la licencia es quien tiene la obligación de contar con un Seguro Decenal de Daños para aquellas edificaciones cuyo uso principal sea el de vivienda, con el objetivo de que en caso de defectos de construcción en las casas construidas, la compañía de seguros pueda responder por el promotor e indemnice a los compradores afectados. Conviene recordar que toda Comunidad de Propietarios es promotor en aquellas obras de rehabilitación integral que realice, y por tanto está obligada legalmente a responder de los daños que puedan causar. En estos casos, la contratación de un Seguro decenal de rehabilitación de edificios y obra nueva se convierte en algo indispensable.

Fuentes: boe.es y elaboración propia.

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EL IMPACTO ECONÓNIMO DEL CANCER EN LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Los trabajadores autónomos son personas emprendedoras que no temen involucrarse en la fundación de un negocio o pequeña empresa, aun a pesar de los riesgos que el proyecto pueda conllevar. Saben que estableciendo una buena planificación y unas medidas adecuadas, como son un correcto estudio de mercado y un buen plan de marketing, la mayor parte de las adversidades pueden ser superadas con éxito. Pero también son conscientes de que forman parte de un colectivo desprotegido y vulnerable económicamente, ya que en caso de sufrir una enfermedad o un accidente seguirán teniendo que hacer frente al pago de la cuota mensual de autónomos establecida en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Dicha realidad se vuelve insostenible cuando un trabajador autónomo es diagnosticado de una enfermedad, por ejemplo un cáncer, que puede provocar una merma en su capacidad para desempeñar sus labores debido a los síntomas o a los tratamientos, y en muchas ocasiones tener que someterse a intervenciones y largos periodos de hospitalización. En nuestro país, el 80 por ciento de los trabajadores por cuenta propia cotizan por la base mínima, lo que significa que en caso de coger una baja laboral recibirán alrededor de unos 680 euros al mes. Si a esta cifra le descontamos los 275 euros mensuales que deben cotizar a la Seguridad Social el resultado es escalofriante: esa persona dispondrá de tan solo 400 euros al mes para cubrir todos sus gastos básicos, a los que habría que sumar los relativos al tratamiento de su enfermedad. La Asociación Española Contra el Cancer (AECC) cuantifica que el cáncer de mama requiere un gasto adicional de unos 150 euros de media, y en el caso del cáncer gástrico la cifra puede superar los 300.

Cada año en nuestro país son diagnosticadas de cáncer unas 11.000 personas trabajadoras por cuenta propia, que según los datos del informe titulado “El impacto económico del cáncer en las familias en España”, elaborado por la AECC, podrían encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad. Esto es debido a que una larga baja laboral, como la que puede ocasionar una enfermedad grave, tiene muchas posibilidades de arruinar a un trabajador autónomo, ya que tiene que seguir manteniendo su actividad y la cotización, tan solo contando con una prestación económica de bajo importe. “En muchos casos los gastos habituales de sus negocios no se paran y corren el riesgo de tener una quiebra financiera”, explica la responsable del Trabajo Social de la AECC, Raquel del Castillo. A esta problemática hay que añadirle el hecho de que muchas de estas personas comparten estas situaciones con sus familias, no siendo ellas las únicas perjudicadas, sino viéndose afectada toda la unidad familiar que puede entrar en un claro riesgo de exclusión social debido al cáncer.

Para combatir un panorama tan alarmante como es el que un trabajador por cuenta propia que padezca un cáncer pueda encontrarse en situaciones de extrema dificultad económica, varias organizaciones han establecido propuestas como una comisión de prestaciones especiales. Mientras se barajan soluciones como una ayuda por parte de las mutuas de 30.000 euros al año para contratar a una persona (autónomo o asalariado) para que pueda cubrirle en su negocio, o subvenciones para pagar los estudios de los hijos, los trabajadores autónomos que padecen graves enfermedades siguen en una situación de desamparo. Es por ello que se tercia imprescindible que todo trabajador por cuenta propia disponga de un Seguro especialmente diseñado para trabajadores autónomos como complemento a la cobertura de la Seguridad Social. Acude a tu Correduría de confianza para que te asesoren correctamente sobre las mejores opciones y los mejores precios de las pólizas disponibles en el mercado y te den consejo profesional sobre qué programa se adapta mejor a tus necesidades y te informen sobre sus ventajas fiscales.

Fuentes: Asociación Española Contra el Cáncer, mutuauniversal.net y elaboración propia.

 

¿QUE OBLIGACIONES TIENE LA EMPRESA CON UN EMPLEADO DIAGNOSTICADO DE CÁNCER?

Cuando a una persona le comunican que padece una enfermedad tan temida como es el cáncer, lo más probable es que sufra un shock emocional y necesite tiempo para asimilar lo que le está sucediendo. Nadie está preparado para recibir una noticia de tal magnitud, ante la cual se suele reaccionar con miedo y desesperanza, pero sobre todo con incertidumbre e inseguridad respecto a su futuro. Es muy recomendable que en esos momentos el paciente se sienta arropado por sus familiares y amigos de confianza y que les intente expresar sus sentimientos, bien sean de tristeza, miedo o enojo. Cuando alguien sufre un cáncer, sanar debería ser su única preocupación, pero por desgracia a todos los temores que rodean a los pacientes durante la enfermedad, se les suele sumar la incertidumbre sobre su puesto de trabajo. La posibilidad de que deba ausentarse reiteradamente para acudir a citas o pruebas médicas, que su capacidad para desempeñar su labor se vea mermada debido a los síntomas de la enfermedad o tratamientos, o tener que someterse a intervenciones o largos periodos de hospitalización provocan en el enfermo temor a sufrir un trato discriminatorio en su empleo debido a su condición de salud.

En el caso de que el trabajador que padezca cáncer se encuentre de baja laboral por incapacidad temporal, su empresa tiene una serie de obligaciones como son entregar y tramitar los partes de baja a la Mutua en un plazo de 3 días hábiles y abonar al trabajador el pago delegado de la prestación de incapacidad temporal según lo marque su correspondiente Convenio Colectivo. En el caso de que no existan mejoras establecidas en el Convenio, la Ley General de la Seguridad Social establece que las cuantías a pagar son las siguientes:

• Los 3 primeros días van a cargo del trabajador.
• Del cuarto al decimoquinto día de la baja, es la empresa la que tiene la obligación de pagar el 60% de la base reguladora del mes anterior.
• Del decimosexto día al vigésimo, la responsabilidad de la prestación corre a cargo del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) o de la Mutua. Generalmente es la propia empresa la que hace el pago delegado, es decir abona el salario al trabajador por delegación del INSS. Durante este periodo se paga el 60% de la base reguladora.
• Del vigésimo primero día en adelante, se paga el 75% de la base reguladora y la responsabilidad de la prestación es de la Mutua correspondiente.

Conviene aclarar que la ley estipula que la duración máxima de una baja laboral por incapacidad temporal es de 12 meses y 6 meses de prórroga. Agotados estos plazos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) será el único competente para iniciar una valoración de incapacidad permanente o para emitir el alta médica.

En el caso de que las secuelas de la enfermedad, las cirugías o los tratamientos contra el cáncer no permitieran al empleado a volver a realizar las tareas que desempeñaba con anterioridad, el empresario tendrá la obligación de garantizar de manera específica su protección, ya que el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que ningún trabajador puede ser empleado en determinadas labores cuando se encuentre manifiestamente en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de su puesto de trabajo.

Si la persona diagnosticada de cáncer es un autónomo, la cuantía de la prestación por incapacidad temporal se calculará en base a la cotización correspondiente al mes anterior a la baja médica dividida entre 30. Debido a que durante el período de baja por incapacidad temporal se tendrá la obligación de seguir cotizando en el régimen especial de autónomos, y que habitualmente estos trabajadores cotizan por la base mínima (esto quiere decir que la cuantía de la prestación suele ser muy limitada), se tercia imprescindible que cuenten con un Seguro privado como complemento a la cobertura de la Seguridad Social. Desde la Correduría José Silva nos ofrecen un Seguro especialmente diseñado para trabajadores autónomos, desde 6 euros al día y con desgravación fiscal. Puedes contactar con ellos si deseas obtener más información desde este formulario o en el teléfono 91 535 30 09.

 

Fuentes: seg-social.es, aecc.es y elaboración propia.

 

 

¿CONOCES EL COSTE DE LAS BAJAS LABORALES EN TU EMPRESA?

Quizá no te hayas parado a pensar lo que representa para tu empresa las bajas laborales, mira estos datos y podrás tener una idea aproximada. Al alcanzar los 3,1 días al año por trabajador, España supera la media mundial en número de bajas laborales, situándose en quinto lugar entre los demás países de la Unión Europea. En la actualidad, la depresión es la principal causa de baja laboral, que suele estar motivada por el estrés que provoca un alto volumen y ritmo de trabajo al que los empleados se pueden ver sometidos. En segundo lugar encontramos la baja por embarazo y el permiso por baja maternal, que da derecho a disfrutar de 16 semanas, un periodo muy inferior al de la mayoría de los países europeos. Las enfermedades profesionales y los accidentes laborales ocupan el siguiente lugar de la lista, cuyas cifras podrían verse reducidas si las empresas destinasen más recursos y medidas en prevención de riesgos laborales.

Sabemos que la baja laboral es un derecho del que todo trabajador dispone en caso de que sufra un accidente, enfermedad u otra situación tanto física como psicológica que le impida realizar sus tareas laborales con normalidad, pero, ¿Qué coste supone esta incapacidad para el empresario? Revisar el Convenio Colectivo aplicable a la empresa nos ilustrará sobre algunas obligaciones que pueden externalizarse mediante seguros privados o ser asumidos por el empresario. Para responder a esta cuestión, primero deberemos diferenciar entre los distintos tipos de contingencias que hayan motivado la baja laboral, ya que tendrán una regulación diferente. Las provocadas por una enfermedad común, que no tenga conexión alguna con el trabajo que se realiza ni se haya producido como consecuencia directa o indirecta de éste, y los accidentes que se producen fuera de la jornada laboral (exceptuando los in itinere) son conocidas como Contingencias Comunes. En este caso, la prestación económica a la que tiene derecho el trabajador corre a cargo de la empresa del 4º al 15º día de la baja, ya que el día 1º al 3º el trabajador no percibe salario. A partir del día 16º de la baja corre a cargo del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) o de la Mutua, aunque el pago lo realiza la empresa en la nómina del trabajador como “pago delegado” posteriormente le será compensado en los seguros sociales mensuales. Algunos convenios sectoriales contemplan el pago del 100 % a cargo de la empresa.

En el caso de que la situación de incapacidad temporal sea derivada de Contingencias Profesionales, es decir, de enfermedades que padece el trabajador como consecuencia de la labor que desempeña (Enfermedad Profesional), o a causa de un accidente que se haya producido en el trabajo (bien dentro de la jornada laboral, bien in itínere), desde el día siguiente al accidente, la prestación económica a la que tiene derecho el trabajador corre a cargo de la Mutua. Conviene apuntar que en caso de accidente laboral, el día en que se produzca será considerado como día trabajado.

De nuevo habrá que tener en cuenta la regulación propia que cada convenio colectivo pueda establecer en los supuestos de incapacidad temporal, ya que en muchos de ellos pueden estar fijados una serie de complementos que la empresa deberá abonar al trabajador para que éste no vea mermada su capacidad económica durante el período de baja. También en éste supuesto se puede asegurar el riesgo mediante pólizas de seguro para tal fin.

Como podemos observar, las bajas laborales de sus empleados pueden significar un coste directo para las empresas, que en nuestro país el pasado año ha superado la cifra de 6.200 millones de euros. Con el fin de evitar estas cuantiosas pérdidas, las empresas deben apostar por proteger al trabajador de los riesgos que se derivan del desempeño de su labor, y para ello resulta imprescindible que cuente con una adecuada política en prevención de riesgos laborales, que logre evitar o minimizar las causas de los accidentes y de las enfermedades derivadas del trabajo. Pero para lograr dicho objetivo ésto no será suficiente, también resultará fundamental que el empresario establezca un Plan estratégico de riesgos personales y una política de salud en su empresa, centrado en el desarrollo del bienestar físico y emocional de sus empleados. Un empleados sano y feliz rinde más y trata mejor a los clientes, es conocido el dicho de que el empresario debe cuidar a sus trabajadores para que éstos cuiden de sus clientes. Aprovechar la ventaja fiscal que aporta la contratación de un Seguro de Salud para sus trabajadores, minimiza el coste y les brinda una asistencia médica rápida, eficaz y de máxima calidad, es un excelente incentivo mediante el cual consigue además reducir los tiempos de espera para pruebas específicas, minorar la duración de las bajas laborales y reducir el absentismo considerablemente.

Fuentes: seg-social.es y elaboración propia.

 

EL RECONOCIMIENTO MÉDICO LABORAL ¿ES OBLIGATORIO?

El reconocimiento médico laboral es un derecho de todo trabajador, establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 22. El empresario tiene la obligación de garantizar la vigilancia periódica del estado de salud de sus empleados, prestando especial atención a los riesgos específicos de cada puesto. Dichos riesgos deben haber sido estipulados previamente mediante la realización de una evaluación de riesgos laborales, proceso dirigido a identificar los elementos peligrosos de cada función que el trabajador debe realizar. El reconocimiento sólo podrá ser efectuado por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada, y sus resultados serán comunicados únicamente al trabajador. Los datos relativos al resultado de las pruebas diagnósticas deben ser tratados siempre respetando el derecho a la intimidad y confidencialidad del paciente, por lo tanto, el acceso a la información médica se limitará al personal sanitario, sin que pueda facilitarse al empresario u otra persona sin consentimiento expreso del trabajador. De lo único que serán informados tanto el empresario como las personas responsables de la prevención será de las conclusiones de los reconocimientos. Éstas deben expresarse en términos de apto o no apto para el trabajo y de unas conclusiones que comuniquen si hay necesidad de introducir medidas en materia de prevención durante el desempeño de las funciones del trabajador.

Por otra parte, conviene subrayar que el reconocimiento médico laboral tiene carácter voluntario, es decir, solo podrá efectuarse con el consentimiento del trabajador, siempre que no se cumplan las siguientes excepciones:

• Cuando el reconocimiento médico sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.
• Cuando se deba verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.
• Cuando la obligatoriedad esté establecida en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El pasado mes de marzo conocíamos una sentencia del Tribunal Supremo de Madrid (STS 7 de marzo de 2018 (Rec. 42/2017), que daba la razón a una empresa de seguridad privada que pretendía que el reconocimiento laboral fuese obligatorio para todos sus vigilantes. La resolución deja claro que el derecho del trabajador afectado a negarse al reconocimiento cede y termina donde empieza el riesgo grave para la vida, integridad y salud de terceros, que no pueden verse afectados por la indolencia del trabajador renuente. Aunque esta conclusión trata de poner el foco sobre la aptitud del trabajador para el desempeño de actividades especialmente delicadas y sensibles, no deja de manifestar que los datos relativos a la salud de los trabajadores no podrán ser usados en perjuicio de los trabajadores, sino como mero instrumento para lograr una mejora en el servicio.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales deja claro que los reconocimientos médicos no pueden ser un requisito para entrar a formar parte de la empresa o para mantener el puesto de trabajo. Sus resultados jamás podrán ser un motivo de despido o una forma de discriminación, y en ningún caso el empresario podrá conocer más que si el trabajador es apto o no para realizar las funciones características de su puesto de trabajo.

Sin duda alguna, los empleados son el activo más importante de una empresa, ya que son los encargados de ejecutar los procesos, los responsables de desarrollar servicios y productos, y quienes atienden a los clientes. Cuidar de su salud y bienestar es una pieza clave para conseguir que nuestro negocio consiga mayor productividad y rendimiento, por lo cual además de cumplir estrictamente con la vigilancia de su estado de salud mediante reconocimientos médicos periódicos es conveniente brindarles una asistencia médica rápida, eficaz y de máxima calidad. Este objetivo se puede conseguir fácilmente mediante la contratación de un Seguro de Salud para sus trabajadores, que aparte de ser un excelente incentivo para el empleado, reducir los tiempos de espera para pruebas específicas y minorar el absentismo, cuenta con tratamiento fiscal favorable para la empresa, ya que todas las primas pagadas, incluso las del empresario y su familia, son un gasto deducible en el Impuesto de Sociedades o en Actividades Económicas en régimen de estimación directa.

 

Fuentes: Ley de Prevención de Riesgos Laborales, boe.es y elaboración propia.

 

NUEVOS CAMBIOS EN LA BAJA LABORAL PARA AUTÓNOMOS

En nuestro país las empresas buscan talento, pero no están dispuestas a soportar un elevado coste salarial y social, por esto el número de personas que deciden apostar por el autoempleo se incrementa, utilizando su propio capital, esfuerzo e ingenio para trabajar de forma independiente.

Convertirse en autónomo en España implica enfrentarse a un proceso complejo y a una base de cotización que es de las más elevadas de Europa. Muchas son las obligaciones que deberá afrontar el futuro trabajador por cuenta propia: darse de alta en el censo de empresarios de la Agencia Tributaria, presentar declaraciones trimestrales y anuales en dicha institución, así como las liquidaciones de IVA y los resúmenes de IRPF. Pero sin duda, el tema que produce mayor inquietud e intranquilidad a la hora de dar el paso definitivo cara a convertirse en autónomo es el concerniente a las bajas laborales; ¿Qué ocurrirá cuando el trabajador autónomo sufra una enfermedad? ¿Tienen los autónomos derecho a percibir una baja laboral? ¿Y en el caso de un accidente laboral?

La Comisión de Empleo del Senado aprobó el 11 de octubre del pasado año la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, introduciendo importantes novedades con respecto a las bajas por enfermedad profesional, accidente de trabajo y enfermedad común del autónomo. Si el autónomo sufre una enfermedad común o un accidente fuera del horario de trabajo, podrá solicitar la baja a partir del cuarto día, contando desde que se acude al médico. En el caso de un accidente durante su trabajo, puede percibirla desde el día siguiente al que se produce. En ambas situaciones, será un profesional sanitario quien marque el tiempo máximo de la baja. La prestación se podrá cobrar por un año, prorrogable a año y medio “siempre que en ese tiempo de más se prevea su curación”, según recoge la web de la Seguridad Social. Esto está muy bien, sin embargo puede que sea insuficiente para vivir.

En cuanto al cálculo de la cuantía de la baja, se hará tomando como referencia la base de cotización que el trabajador elija en su alta de autónomo el mes anterior al que se produce la baja, y se mantendrá durante el tiempo que se prolongue la misma, siempre y cuando no haya un cambio a la baja en los máximos de cotización a la Seguridad Social. Por lo tanto, si se trata de una enfermedad o contingencia común se tendrá derecho a percibir del cuarto al décimo día de baja entre el 60 y el 70% de la cuantía de la base de cotización, y la cantidad se eleva al 75% a partir del vigésimo primer día de baja. Si es por accidente laboral, la cuantía de la prestación será del 75% de la base reguladora desde el día siguiente, siempre que el asegurado tenga una cobertura específica de contingencias profesionales. La Base mínima de cotización es de 932,70 desde agosto de 2018 y por tanto en un rápido ejemplo por una operación de apendicitis el importe mensual a percibir sería de 559 euros en número redondos, ¿puedes afrontar tus gastos fijos?

Para solicitar el subsidio por baja, se deberán presentar en las oficinas de la Seguridad Social un formulario mediante el que se solicita el pago directo de la prestación de incapacidad temporal, el parte de baja, un documento en el que se acredite estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social y una declaración de actividad. Toda esta documentación se puede solicitar telemáticamente, y tendrá un periodo máximo de 15 días a partir de la fecha de baja para ser presentado. Adicionalmente, el trabajador deberá presentar cada seis meses los informes médicos que avalen que aun no se ha recuperado de su enfermedad o accidente, en el caso de no realizarse se producirá la suspensión del pago de la prestación.

Aunque al estar dado de alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) el trabajador autónomo está cotizando de manera genérica con una Mutua, resulta altamente aconsejable que cuente con la protección integral que brinda un Programa de Seguros para cada autónomo, personalizado y a satisfacción de cada necesidad personal o familiar. Este tipo de pólizas dan una cobertura extra en el caso de Incapacidad Temporal por Accidente o Enfermedad, además de un Seguro Médico que le permitirá elegir centros médicos, hospitales, médicos especialistas, e incluso contar con cobertura dental. Tanto si tienes planeado convertirte en trabajador por cuenta propia, como si ya eres autónomo, conviene que pidas consejo profesional sobre que programa se adapta mejor a tus necesidades y aprovecha las ventajas fiscales. Acude a tu Correduría de confianza para que te asesoren correctamente sobre las mejores opciones y los mejores precios de las pólizas disponibles en el mercado.

Fuentes: boe.es, seg-social.es y elaboración propia.

 

RESPONSABILIDAD Y SEGURO EN ACCIDENTES DE TRABAJO

El empresario responde de la salud de sus trabajadores y éste riesgo es fácilmente asegurable. Saber cómo y la cuantía es tarea de profesionales. La Ley General de la Seguridad Social define en su artículo 156 el concepto de accidente de trabajo como “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”. En España, el sector con más porcentaje de accidentes es el de servicios, debido a que es el que posee más ocupación, seguido de cerca por los de construcción, industria y agricultura. Estos últimos son los que registran un mayor número de siniestros graves e incluso mortales, debido al uso de maquinarias pesadas y peligrosas que aumentan el riesgo de sufrir un accidente causado por atrapamiento o aplastamiento.

Para lograr proteger al trabajador de los riesgos que se derivan del desempeño de su labor, es imprescindible que la empresa cuente con una adecuada pólitica en Prevención de Riesgos Laborales, que logre evitar o minimizar las causas de los accidentes y de las enfermedades derivadas del trabajo. El empresario debe comprometerse a conseguir que todos los espacios de trabajo sean lo más seguros posibles, sin dejar de lado oficinas ni lugares comunes, donde cada año se producen multitud de siniestros originados por caídas, golpes o electrocución.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales fija la obligación de que la empresa disponga de unos determinados medios destinados a prestar los primeros auxilios en caso de accidente leve de un trabajador. Esto incluye la información y formación de personal responsable de administrar los primeros auxilios, y la necesidad de disponer de un botiquín. Si la empresa cuenta con más de 50 trabajadores (o más de 25 si la actividad que desarrolla es considerada peligrosa), deberá contar necesariamente con un local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias.

En el caso de que se produzca un accidente grave, la empresa debe seguir los pasos establecidos en su plan de emergencia para accidentes, en el cual se describen el conjunto de medios y los procedimientos de actuación que se deben llevar a cabo, entre los cuales cabe destacar los siguientes:

• La primera medida es la atención al herido, teniendo en cuenta que los primeros auxilios siempre deben ser aplicados por una persona que haya seguido un periodo de aprendizaje y entrenamiento que le permita valorar correctamente los daños sufridos por el trabajador accidentado y aplicar los cuidados adecuados de la forma correcta.
• De forma inmediata hay que llamar a una ambulancia para que el accidentado sea trasladado al centro de salud de la mutua más cercano, junto con el volante de asistencia médica que debe facilitar la empresa.
• Si la necesidad médica fuera urgente y el centro de salud de la mutua estuviera cerrado o lejos, se debe contactar con el 112 o trasladar al herido al centro de salud más cercano. De cualquier forma, es necesario indicar que se trata de un accidente laboral.

Cuando uno de sus trabajadores ha sufrido un accidente, la empresa debe elaborar un informe o parte de accidente donde consten los datos del trabajador accidentado, el nombre de la empresa para la que trabaja, una descripción del accidente y datos de los posibles testigos. Si ha acudido la policía al lugar del accidente, también sería conveniente una copia del atestado que haya realizado.

Normalmente, cuando el accidente es de gravedad, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) suele abrir una investigación para determinar sus causas y posibles responsabilidades. En el caso de que quede demostrado que la empresa no cumplió alguna de las medidas de seguridad y prevención establecidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, será obligada a cumplir sus obligaciones en materia de seguridad y podrá ser sancionada con multas que podrían ascender la los 820.000 euros si se trata de una falta muy grave de nivel máximo. En los casos en que la causa del accidente haya sido motivada por omisiones, actuaciones negligentes del empresario o por actuaciones que no se adecuan al seguimiento estricto de las normas de obligado cumplimiento por parte de la empresa, el trabajador afectado, o sus familiares en caso de fallecimiento, tienen el derecho a recibir una indemnización por daños. Es por ello que, aunque las pólizas de Responsabilidad Civil Patronal no son obligatorias por ley, su contratación resulta imprescindible para cualquier empresa. Si aun no dispones de esta cobertura, no esperes e infórmate en tu correduría de confianza sobre que seguro es el que mejor se adapta a las características y riesgos de tu negocio.

 

Fuentes: boe.es, empleo.gob.es y elaboración propia.