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Archivo de la categoría: asesoría jurídica

¿QUIÉN DEBE HACERSE CARGO DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA?

QUIEN DEBE HACERSE CARGO DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDALa respuesta puede parecer obvia: quien los causa. Es cierta la afirmación, sin embargo lo que resulta difícil de establecer es quien los causa, sigue leyendo y lo comprobarás. Para la mayoría de los ciudadanos de nuestro país la compra de una vivienda es una de las mayores inversiones que realiza en su vida, por lo cual resulta necesario que se recabe información (lo ideal sería un estudio de mercado encargado a profesionales) antes de precipitarse en ejecutar una mala operación inmobiliaria que incluso puede condicionar la economía familiar del afectado. Buscar una hipoteca que ofrezca unas condiciones favorables para el comprador y que no suponga más del 40% de los ingresos estables de la unidad familiar, revisar toda la fiscalidad aparejada a la compra de la vivienda (ITP o AJD) y calcular minuciosamente los gastos de comunidad (y su influencia en la rentabilidad del inmueble, si el uso fuese para dedicarla al alquiler) son requisitos indispensables para lograr minimizar los riesgos asociados a la compra. Por otro lado, el certificado de eficiencia energética (imprescindible siempre que se vendan o alquilen edificios o partes de los mismos, como pisos, apartamentos o locales comerciales) aportará al comprador información sobre el consumo anual de energía necesario para satisfacer la producción de agua caliente, calefacción, iluminación, refrigeración y ventilación del inmueble en condiciones normales de ocupación y funcionamiento. Otro aspecto que se debe tener muy en cuenta a la hora de adquirir una vivienda es la contratación de un Seguro de hogar multirriesgo, que garantice la cobertura del continente y el contenido, así como la responsabilidad civil frente a terceros.

Sin embargo, aun a pesar de que el comprador haya intentado identificar, evaluar y prevenir todos los riesgos, es posible que meses después de la adquisición de la vivienda se encuentre con ciertos problemas inesperados. La aparición de desperfectos como por ejemplo grietas en las paredes originados por un mal diseño o el uso de materiales poco adecuados, o humedades debidas a filtraciones de agua en paredes o la cubierta son problemas más habituales de lo que podríamos suponer, pero que nos pasan inadvertidos porque no son objeto de interés para los medios de comunicación, salvo que afecten de forma abrupta a un colectivo importante. ¿Quién es el responsable de subsanar estos defectos de construcción?

En primer lugar conviene aclarar que al deberse a defectos o vicios de construcción, ni el seguro de hogar ni el seguro de la Comunidad de Propietarios cubrirán la reparación de estos desperfectos ni del elemento que los origina, porque de forma generalizada las pólizas de seguro excluyen los daños que tengan su origen en defectos de construcción o mantenimiento . Por lo tanto, si el piso o la casa fue adquirida en el mercado de segunda mano, el responsable puede ser el vendedor, por vicios ocultos, y en el caso de que se trate de una vivienda de nueva construcción los responsables podrían ser el contratista, subcontratista, trabajadores autónomos, coordinadores, dirección facultativa, proyectistas, recursos preventivos y promotor (decide, impulsa, programa y financia). Los plazos de garantía y demanda también varían en función de si la vivienda es nueva o de segunda mano:

  • Si la vivienda es nueva, la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) establece diez años de garantía para defectos de construcción que afecten a la estructura y la estabilidad del edificio, tres años para defectos en elementos que hagan inhabitable el inmueble, y un año para defectos en los acabados de los elementos de la casa. Una vez constatado un defecto dentro de esos plazos de garantía, el propietario tiene dos años para hacer la reclamación a todas las figuras intervinientes o algunas en concreto.
  • Si la vivienda es de segunda mano, el plazo para reclamar los vicios ocultos al vendedor caduca a los seis meses desde la fecha de la venta, pasado ese tiempo se pierde la posibilidad de ejercer legalmente. El comprador podrá exigir que se repare el defecto o bien que se le reintegre la parte del precio que cubra esos defectos. La figura de vendedor alcanza al propietario e intermediario que intervino en la operación, de ahí la importancia de confiar en profesionales asentados en el mercado y huir de “caza-comisiones”

La Disposición Adicional Segunda de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación establece que el responsable de la obra o titular de la licencia es quien tiene la obligación de contar con un Seguro Decenal de Daños para aquellas edificaciones cuyo uso principal sea el de vivienda, con el objetivo de que en caso de defectos de construcción en las casas construidas, la compañía de seguros pueda responder por el promotor e indemnice a los compradores afectados. Conviene recordar que toda Comunidad de Propietarios es promotor en aquellas obras de rehabilitación integral que realice, y por tanto está obligada legalmente a responder de los daños que puedan causar. En estos casos, la contratación de un Seguro decenal de rehabilitación de edificios y obra nueva se convierte en algo indispensable.

Fuentes: boe.es y elaboración propia.

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NUEVOS CAMBIOS EN LA BAJA LABORAL PARA AUTÓNOMOS

NUEVOS CAMBIOS EN LA BAJA LABORAL PARA AUTÓNOMOSEn nuestro país las empresas buscan talento, pero no están dispuestas a soportar un elevado coste salarial y social, por esto el número de personas que deciden apostar por el autoempleo se incrementa, utilizando su propio capital, esfuerzo e ingenio para trabajar de forma independiente.

Convertirse en autónomo en España implica enfrentarse a un proceso complejo y a una base de cotización que es de las más elevadas de Europa. Muchas son las obligaciones que deberá afrontar el futuro trabajador por cuenta propia: darse de alta en el censo de empresarios de la Agencia Tributaria, presentar declaraciones trimestrales y anuales en dicha institución, así como las liquidaciones de IVA y los resúmenes de IRPF. Pero sin duda, el tema que produce mayor inquietud e intranquilidad a la hora de dar el paso definitivo cara a convertirse en autónomo es el concerniente a las bajas laborales; ¿Qué ocurrirá cuando el trabajador autónomo sufra una enfermedad? ¿Tienen los autónomos derecho a percibir una baja laboral? ¿Y en el caso de un accidente laboral?

La Comisión de Empleo del Senado aprobó el 11 de octubre del pasado año la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, introduciendo importantes novedades con respecto a las bajas por enfermedad profesional, accidente de trabajo y enfermedad común del autónomo. Si el autónomo sufre una enfermedad común o un accidente fuera del horario de trabajo, podrá solicitar la baja a partir del cuarto día, contando desde que se acude al médico. En el caso de un accidente durante su trabajo, puede percibirla desde el día siguiente al que se produce. En ambas situaciones, será un profesional sanitario quien marque el tiempo máximo de la baja. La prestación se podrá cobrar por un año, prorrogable a año y medio “siempre que en ese tiempo de más se prevea su curación”, según recoge la web de la Seguridad Social. Esto está muy bien, sin embargo puede que sea insuficiente para vivir.

En cuanto al cálculo de la cuantía de la baja, se hará tomando como referencia la base de cotización que el trabajador elija en su alta de autónomo el mes anterior al que se produce la baja, y se mantendrá durante el tiempo que se prolongue la misma, siempre y cuando no haya un cambio a la baja en los máximos de cotización a la Seguridad Social. Por lo tanto, si se trata de una enfermedad o contingencia común se tendrá derecho a percibir del cuarto al décimo día de baja entre el 60 y el 70% de la cuantía de la base de cotización, y la cantidad se eleva al 75% a partir del vigésimo primer día de baja. Si es por accidente laboral, la cuantía de la prestación será del 75% de la base reguladora desde el día siguiente, siempre que el asegurado tenga una cobertura específica de contingencias profesionales. La Base mínima de cotización es de 932,70 desde agosto de 2018 y por tanto en un rápido ejemplo por una operación de apendicitis el importe mensual a percibir sería de 559 euros en número redondos, ¿puedes afrontar tus gastos fijos?

Para solicitar el subsidio por baja, se deberán presentar en las oficinas de la Seguridad Social un formulario mediante el que se solicita el pago directo de la prestación de incapacidad temporal, el parte de baja, un documento en el que se acredite estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social y una declaración de actividad. Toda esta documentación se puede solicitar telemáticamente, y tendrá un periodo máximo de 15 días a partir de la fecha de baja para ser presentado. Adicionalmente, el trabajador deberá presentar cada seis meses los informes médicos que avalen que aun no se ha recuperado de su enfermedad o accidente, en el caso de no realizarse se producirá la suspensión del pago de la prestación.

Aunque al estar dado de alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) el trabajador autónomo está cotizando de manera genérica con una Mutua, resulta altamente aconsejable que cuente con la protección integral que brinda un Programa de Seguros para cada autónomo, personalizado y a satisfacción de cada necesidad personal o familiar. Este tipo de pólizas dan una cobertura extra en el caso de Incapacidad Temporal por Accidente o Enfermedad, además de un Seguro Médico que le permitirá elegir centros médicos, hospitales, médicos especialistas, e incluso contar con cobertura dental. Tanto si tienes planeado convertirte en trabajador por cuenta propia, como si ya eres autónomo, conviene que pidas consejo profesional sobre que programa se adapta mejor a tus necesidades y aprovecha las ventajas fiscales. Acude a tu Correduría de confianza para que te asesoren correctamente sobre las mejores opciones y los mejores precios de las pólizas disponibles en el mercado.

Fuentes: boe.es, seg-social.es y elaboración propia.

 

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¿Cómo afectan las nuevas tecnologías al cumplimiento normativo de una empresa?

Compliance cumplir requisitosEl compliance ha adquirido mucho protagonismo en el mundo legal y empresarial, pero ¿en qué consiste? El compliance, término que en nuestra lengua significa cumplimiento normativo, consiste en establecer procedimientos adecuados para garantizar que una empresa, y todos los que trabajan en ella (directivos, empleados, agentes vinculados), cumplen con el marco normativo aplicable. Es decir, que cumplen con las normas legales, políticas internas, códigos éticos con los que la empresa se haya comprometido, etc.

Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre este término, su cumplimiento y responsabilidades, y por otro lado sobre cómo influyen las nuevas tecnologías en una empresa. En esta ocasión queremos hablar sobre cómo las nuevas tecnologías pueden multiplicar los riesgos de compliance o cumplimiento.

Actualmente es difícil concebir una empresa que no tenga implementado y desarrolle sus procesos sobre algún tipo de plataforma tecnológica, ya que las nuevas tecnologías están cada vez más presentes aportando ventajas y generando beneficios. Sin embargo, este crecimiento tan rápido supone una incorporación a veces caótica y confusa que puede exponer a las empresas a una importante brecha de seguridad que incrementa los riesgos de difusión y exposición de información privada y confidencial.

El incremento de estos riesgos obliga a la empresa a implementar una evaluación de cumplimiento o compliance y un modelo de control y gestión del riesgo acorde con los requisitos del código penal. Recordemos que con la reciente modificación del Código Penal una empresa con un modelo de organización y gestión que no efectúe una evaluación y entendimiento del riesgo tecnológico no cumpliría con los requisitos exigidos por su artículo 31.bis.5 del Código Penal como condición para eximirla de responsabilidad penal por los delitos cometidos en ella, ya que los dos primeros requisitos son:

  1. Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
  2. Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

Si desea saber más sobre cómo proteger a su empresa cumpliendo con el Código Penal, o ampliar información sobre el concepto de compliance no dude en recurrir a su correduría de seguros. Es importante saber que algunas aseguradoras ya presentan cobertura para estos riesgos con una ligera sobreprima en las polizas de D&O (Administradores y Directivos).

Fuente: expansion.com y elaboración propia

 

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Instalación de sistemas de video-vigilancia en la empresa

cámaras de videovigilancia empresasUn método de control que usan las empresas para asegurar la protección de bienes y derechos legítimos es la instalación de sistemas de video-vigilancia, conocido como CCTV (circuito cerrado de televisión). Su finalidad es controlar la actividad y la productividad de los empleados en horario laboral.

La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, LOPD, permite a las empresas privadas grabar en el ámbito empresarial o comercial siempre y cuando se informe a través de los carteles obligatorios, pero ¿cómo hacerlo para que la libertad individual no padezca restricciones? ¿Cómo informar al trabajador de que está siendo grabado?

Por un lado está el poder de dirección del empresario como derivación de la libertad de empresa (artículo 33 de la Constitución), que le habilita para disponer de manera razonable de los medios personales y materiales que integran la empresa; y por otro, los derechos fundamentales de los que trabajan por cuenta del empleador, en especial sus derechos de la personalidad y a la protección de datos (artículos 18.1 y 4) y la relación entre ambos grupos de derechos no siempre es pacífica.

En una controvertida sentencia del 3 de marzo de 2016, por la que establece que la instalación por una empresa en la entrada de uno de sus establecimientos del distintivo informativo de “Zona video-vigilada” regulado por la Instrucción 1/2006 de la AEPD, cumple con la obligación de informar al trabajador de la instalación de dichos sistemas se ha suscitado la discrepancia de tres magistrados y el alto tribunal ha modificado su doctrina y ha considerado que la obligación de información se puede dar por satisfecha a través de una placa de información general instalada en el interior del establecimiento.

Como la finalidad de los CCTV es mantener su seguridad, para evitar problemas lo más recomendable es informar con claridad al trabajador de que va a ser grabado, con qué fin, y de quién tendrá acceso a las imágenes y para qué, incluyendo alguna cláusula en el contrato.

Si quiere ampliar información legal sobre la instalación de sistemas de video-vigilancia puede solicitar asesoramiento jurídico a su Correduría de Seguros de confianza.

Fuente: elperiodico.com y elaboración propia

 

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La importancia de un seguro jurídico para la empresa

asesoría jurídica<Contar con asesoramiento jurídico en el momento oportuno nos puede ahorrar tiempo y dinero, y por lo tanto, nos permitiría anticiparnos y gestionar de forma más eficaz nuestro negocio. Veamos a continuación una serie de situaciones cotidianas en una empresa en las que puede valer la pena contar con este tipo de seguro:

A la hora de elaborar contratos con proveedores, clientes o trabajadores: podremos recibir asesoramiento sobre cláusulas que prevean situaciones de malentendidos y nos protejan para incluirlas en el contrato. También podremos solicitar mediación de conflictos antes de acudir a la vía judicial cuando exista un incumplimiento del contrato y asesoramiento legal en el caso de necesitarlo.

– En los casos de morosidad: Se puede reducir el impacto de la morosidad adoptando medidas preventivas adecuadas, pero en el caso de que esto suceda contaremos con todas las armas de negociación para que nuestra reclamación sea rápida y nos permita recuperar la cantidad que nos corresponde. Teniendo en cuenta la alta incidencia de la morosidad en las pymes (el 60% tienen facturas pendientes de cobro por retraso en el pago, según datos del primer Boletín de Morosidad y Financiación de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) es un aspecto muy importante a tener en cuenta.

En el manejo de los datos de los clientes: Todas las empresas tienen datos de las personas de contacto de sus clientes y proveedores, que son datos de carácter personal. Un descuido o el desconocimiento de la ley en la gestión de estos datos puede acarrearnos grandes problemas que conlleven penalidad. Las sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos por el incumplimiento de la ley van de los 900 hasta los 600.000 euros, por lo que un buen asesoramiento legal en el que nos informen sobre el Reglamento de la Ley de Protección de Datos, LOPD, nos ayudará a evitar esta situación.

Estos son sólo algunos de los ejemplos, pero en general un seguro de protección jurídica tiene la función de asistir, asesorar jurídicamente o efectuar trámites de reclamación y defensa por vía amistosa (la manera más económica y rápida de resolver las diferencias) y judicial, frente a los responsables de los daños o de quienes haya que exigir una reparación, o un derecho, garantizando los gastos que se generen hasta el límite asegurado.

Para elegir el seguro más adecuado lo mejor es acudir a una correduría de seguros y detallar las características de nuestro negocio para que nos ayuden a encontrar un seguro de protección jurídica a medida de nuestras necesidades.

Fuente: cincodias.com y elaboración propia

 

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Herramientas para controlar la reputación online de tu empresa

reputación onlineLa reputación online es el reflejo del prestigio o estima que una persona o marca tiene en Internet, y en el caso de las empresas puede definirse como la valoración que hace el público de una compañía a través del uso, o mal uso, de las posibilidades que ofrece Internet. 

Esta reputación no está bajo el control absoluto de la organización, sino que contribuyen a crearla el resto de personas que conversan sobre ella y aportan sus opiniones. Esto puede dar lugar a situaciones que las empresas no puedan controlar y dañen seriamente su imagen como una suplantación de identidad, un ex empleado molesto que lance informaciones inciertas con el fin de dañar a la empresa, un competidor, la mala acogida de una campaña publicitaria que produzca que muchos usuarios se ceben con la marca o sufrir una brecha de seguridad y se hagan públicos datos de clientes.

Muchos empresarios en estos casos desconocen cómo les ampara la ley, pero la empresa que haya visto dañada  por algún motivo su reputación online tiene a su disposición una serie de herramientas que la legislación española contempla para que su imagen se vea reparada:

LSSI-CE (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico)

Regula las responsabilidades de los prestadores de servicios (ISP). Al actuar como intermediarios en las comunicaciones se les puede atribuir responsabilidad civil por intromisiones al derecho al honor. Aunque en el artículo 16 de esta ley exime de responsabilidad a los prestadores de servicios ante un incidente siempre que:

  1. No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización o,
  2. sí lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. 

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal y Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Esta ley tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal. Se podría recurrir a la Ley de Competencia desleal en casos de utilizaciones fraudulentas de nombres de dominio de una empresa o evaluar la utilización de los nombres de dominio en relación con el signo distintivo afectado, aplicando la Ley de Marcas.

El Tribunal Constitucional incluye a las empresas y organizaciones entre los titulares del derecho al honor. Así, reconoce expresamente que: «la persona jurídica también puede ver lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena». Por lo tanto las empresas pueden recurrir a normativa citada anteriormente para salvaguardar su imagen.

En cuanto al derecho al olvido, en Europa, desde 2014 los buscadores tienen la obligación de eliminar de sus listas de resultados aquellos enlaces que violen ciertos derechos de una empresa, a petición de ésta. Desde esta fecha Google proporciona un formulario que permite solicitar la eliminación de los datos personales que Google mantiene en sus bases de datos.

Como ya explicábamos en este artículo es importante contar con un seguro que cubra en estos casos los gastos de defensa y contar con el asesoramiento legal y apoyo que nos brinda la correduría de seguros.

 

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Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

responsabilidad penal empresasYa hemos hablado anteriormente en este blog sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y es que el pasado mes de marzo se aprobaba, tras muchos meses de debate, la Reforma del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de este 2015 y entre los muchos aspectos jurídicos a los que afecta se encontraba la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Antes de este hecho, tradicionalmente se siguió en el Derecho Penal español un principio jurídico, consagrado ya en el Derecho Romano y enunciado como societas delinquere non potest (la persona jurídica no puede delinquir), que ponía de manifiesto que únicamente podían ser sujetos activos de una infracción penal las personas físicas. La persona jurídica no podía ser considerada como sujeto de delito y no podían imponérsele penas, tan sólo exigirles responsabilidad civil para resarcir los daños o los perjuicios que se hubieran derivado de actitudes delictivas de sus dirigentes o representantes.

Con esta nueva regularización La Fiscalía General del Estado en su reciente Circular 1/2016 hace una extensa interpretación de ésta última reforma, y puede ser un marco de referencia en la evaluación de los programas de compliance de las empresas españolas. Concluye que:

las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por personas que estén autorizados para actuar por la persona jurídica, y también de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas por quienes, estando sometidos a la autoridad de los representantes legales o por personas que estén autorizados para actuar por la persona jurídica, hayan cometido la conducta delictiva y no hayan actuado éstos últimos con la diligencia debida para impedirlo.

la responsabilidad exigible a cada persona jurídica es independiente de la que pueda caber o imponerse a la persona física del directivo, representante, etc., y compatible con ella.

existen personas jurídicas públicas que están exentas de responsabilidad penal: el Estado, las Administraciones públicas territoriales, los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales.

– existe un régimen especial respecto de las “personas jurídicas de pequeñas dimensiones”, las cuales pueden quedar exentas de responsabilidad penal si demuestran que han puesto los medios razonables a su alcance para evitar que los subordinados cometieran el delito y sin necesidad de que para esta demostración se requiera que la supervisión haya sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que la tenga encomendada legalmente.

– se produce una ampliación del círculo de personas capacitadas para transferir la responsabilidad penal a la persona jurídica, y los divide en tres grupos:

  1. Los representantes legales.
    2. Las personas autorizadas a tomar decisiones en nombre de la empresa.
    3. Las personas que ostentan facultades de organización y control

Fuente: laregion.es y elaboración propia

 

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