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Archivo de la categoría: seguro multirriesgo

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL EMPRESARIO FRENTE A LA PANDEMIA

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”, así comienza el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y a partir de este derecho se articulan una serie de obligaciones aparejadas del empresario respecto del personal a su servicio. El coronavirus ha incrementado el riesgo para el empresario, por el posible contagio de sus trabajadores y las brechas de seguridad por el teletrabajo. La protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, y el daño, si se produce, tiene la consideración legal de contingencia profesional, y así está establecido en Real Decreto 664/1997 del 12 de mayo. Dado que el contacto con el virus Covid-19, como agente biológico, puede afectar a entornos laborales, corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición y seguir las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias y adoptar las medidas organizativas y preventivas necesarias en sus entornos laborales, como por ejemplo:

  • La distribución de equipos de protección individual adecuados al riesgo, ajustados a las características de la persona que los utiliza, únicos e intransferibles, facilitados por el empresario y gratuitos para el trabajador.
  • Establecer una distancia de seguridad entre trabajadores de al menos dos metros.
  • Establecer normas higiénicas en el centro.
  • Promocionar el teletrabajo siempre que sea posible, realizar videoconferencias en lugar de viajes, establecer la formación online, no realizar nunca reuniones presenciales, para ello utilizar en su lugar los avances tecnológicos disponibles.

Del mismo modo, cuando exista o pueda existir un riesgo grave e inminente de contagio por coronavirus, la empresa deberá informar cuanto antes de dicho riesgo y adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, las personas puedan interrumpir su actividad y abandonar de inmediato el puesto de trabajo.

Pero el empresario siempre debe ser consciente de que protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación que va mas allá del mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado de deberes y obligaciones empresariales, y mucho más cuando nos hallamos ante una crisis de carácter excepcional como la provocada por el Covid-19 que obliga a extremar en el entorno laboral las medidas preventivas de seguridad y salud laboral. Por lo tanto, si el empresario no adopta una actitud proactiva ante el coronavirus y, como consecuencia, un trabajador a su servicio resulta contagiado, se podrían abrir de inmediato toda una cadena de posibles imputaciones tanto en la vía administrativa como en la civil y en la penal en su contra, por lo que es imprescindible que cuente con Seguro de Responsabilidad Civil con coberturas y capitales suficientes para responder de estas eventualidades.

Como el contagio por coronavirus, cuando se ha contraído con causa exclusiva en el trabajo, se considera a todos los efectos una contingencia profesional, la responsabilidad civil será patronal, es decir, obligará a indemnizar al trabajador por los daños y perjuicios por incurrir el empresario en una conducta culposa o negligente. En estos casos, el empresario se enfrenta a una jurisdicción tremendamente garantista para el trabajador, siéndolo aún más en materia de accidentes de trabajo, puesto que existe una inversión de la carga de la prueba que opera en favor del empleado, recayendo sobre la empresa la obligación de probar que adoptó las medidas precisas para prevenir y evitar el riesgo, respondiendo el empresario incluso en los casos de descuido o imprudencia del trabajador siempre que ésta no sea temeraria, según el artículo 96 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

La urgencia en la implantación del teletrabajo y la falta de una regulación sobre ésta nueva forma de relacionarse en el mundo laboral ha creado un boquete de riesgos por el que se pueden colar buscadores de información o ladrones de datos. El siniestro puede comenzar en la vivienda de los empleados que trabajan a distancia o en la propia empresa al tener abiertas puertos para permitir el acceso a las distintas áreas de la empresa. Algunos seguros habituales pueden dar amparo a ciertos riesgos, sin embargo el único expresamente diseñado para éste fin es el ciberseguro.

Como podemos observar, la responsabilidad civil ante la pandemia de coronavirus que estamos viviendo es un tema delicado y de vital importancia para cualquier empresa, pyme o autónomo, por lo que si necesitas más información o deseas contratar un Seguro de Responsabilidad Civil o de ciberriesgo para tu negocio no dudes en consultar con tu Correduría de Seguros de Confianza, donde te asesoraran sin coste alguno.

Fuentes: boe.es, mscbs.gob.es y elaboración propia.

 

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MEDIDAS Y AYUDAS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS ANTE EL CORONAVIRUS

El riesgo existe, es medible, pero su aparato de medir lo manejamos los expertos. El impacto económico de la grave crisis del coronavirus que estamos sufriendo está afectando de manera muy preocupante a unos colectivos de inmensa importancia dentro del tejido empresarial, económico y social de nuestro país: la microempresa y los trabajadores autónomos. Nos estamos refiriendo a pequeños o medianos negocios en tamaño, pero que son el motor de la economía española ya que constituyen el 99,8% de nuestras empresas y generan el 70% de los actuales puestos de trabajo, motivos por los que necesitan una especial atención, protección y cuidado en esta situación de emergencia que ha supuesto un abrupto y forzado cese de actividad para muchos de ellos.

Con el fin de amortiguar la actual problemática que esta pandemia está causando en la economía española, el Gobierno acaba de publicar en el BOE un segundo plan de medidas económicas excepcionales destinadas a empresas y tejido productivo, entre las que se encuentran algunas dirigidas a pymes y autónomos que cabe destacar y analizar:

  • Se flexibiliza el acceso a la prestación por cese de actividad para los autónomos, personas físicas y societarios, que se vean obligados a cesar su actividad como consecuencia de la crisis del coronavirus. Esta medida, que garantizará el cobro de la prestación en caso de dificultad económica, es una de las principales peticiones solicitadas conjuntamente por las principales asociaciones de autónomos, UPTA, ATA y UATAE. Podrán recibir esta prestación aquellos autónomos cuyas actividades hayan sido suspendidas por el Real Decreto del 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma, o si durante el mes anterior se acredita haber perdido el 75% de la facturación, con respecto a la media mensual del último semestre. Conviene señalar que esta prestación tendrá una duración de un mes, aunque puede ser prorrogable y se calculará con el 70% de la base reguladora, lo que supone para el 80% de los profesionales por cuenta propia una cantidad de unos 661 euros al mes. Desde aquí lanzamos una sugerencia al sector asegurador para que en el futuro la pérdida de beneficios o lucro cesante por epidemia o pandemia sea una cobertura contratable. Asimismo que el Consorcio de Compensación de Seguros pueda extender su protección a situaciones similares.
  • Desde la aprobación del decreto hasta el 30 de mayo de 2020, los trabajadores autónomos y pymes podrán posponer el pago de impuestos como el IVA y el IRPF hasta 6 meses. Esta deuda con el Estado tendrá un límite de 30.000 euros y durante los 3 primeros meses de demora no tendrá intereses de ningún tipo, pero debemos ser conscientes de que esta medida es una moratoria y no una exención, por lo que tarde o temprano habrá que afrontar su pago.
  • Los empresarios y autónomos con empleados, no deberán hacerse cargo de pagar las cuotas empresariales en materia de cotización cuando se acojan a Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTEs) y eviten hacer despidos en su plantilla.
  • En cuanto a las ayudas, el gobierno amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto previsto para el Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado, con el fin de facilitar liquidez adicional a las empresas, especialmente pymes y autónomos. Especial vigilancia solicitamos al organismo de control para que la banca no haga negocio aprovechando la necesidad de liquidez, obligándoles a suscribir seguros.

Conviene señalar que los autónomos tendrán que seguir haciendo frente al pago de la cuota a la Seguridad Social, ya que el Gobierno no ha incluido su exoneración entre las medidas recientemente aprobadas como le habían solicitado las principales asociaciones de autónomos.

Como podemos observar, aunque se empiezan a tomar medidas para minorar la crisis económica a causa de la lucha contra la amenaza del covid-19, hoy más que nunca las pymes y los trabajadores por cuenta propia necesitan un plan de protección integral que englobe coberturas por Incapacidad Temporal, Asistencia Médica, Hospitalización, Accidentes y Protección de Pagos entre otras. No dudes en consultar con tu Correduría de Seguros de Confianza si necesitas información o asesoramiento sobre el Seguro de Autónomos que mejor se adapte a tus necesidades y a las de tu negocio. Esta crisis está dando un gran valor a la Gerencia de Riesgos, allí donde hemos podido aplicarla, las compañías aseguradoras responderán de sus compromisos; Por el contrario aquellos que accedieron al seguro por que “ se lo impusieron” o “le obligaron” o “ se lo compraron al primo” se encuentran totalmente desamparados.

 

Fuentes: Boletín Oficial del Estado, Federación Nacional de Trabajadores Autónomos y elaboración propia.

 

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LA IMPORTANCIA DEL SEGURO EN LOS CASOS DE INTOXICACIÓN ALIMENTARIA

Los procesos industrializados en la alimentación saltaron a los medios de comunicación éste verano con el peor brote por contaminación de listeria registrado en nuestro país, que ha provocado hasta la fecha tres muertes y siete abortos. ¿Cómo puede afrontar la empresa y el consumidor una reclamación de productos alimenticios?.

La listeriosis es una patología poco frecuente y suele ser asintomática o cursar con una sintomatología gastrointestinal leve y fiebre alta, que en grupos de riesgo específicos, sobre todo en inmunodeprimidos, personas de edad avanzada, niños y embarazadas, puede presentar cuadros graves que incluyen meningitis, septicemia, abortos y una alta tasa de mortalidad. La contaminación tiene lugar, generalmente, durante el consumo de alimentos que contienen la bacteria Listeria monocytogenes, hallada, en este caso concreto, en lotes producidos por la empresa sevillana Magrudis, y vendidos bajo la marca comercial “La Mechá”. Aunque hasta el momento solo se ha encontrado esta bacteria en tres productos (carne mechada, lomo al jerez y lomo a la pimienta), la Junta de Andalucía ha ordenado, por prevención, la retirada de todos los productos cárnicos que fabricaba la empresa sevillana. Posteriormente, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha decidido ampliar la alerta sanitaria tras haber identificado otros embutidos de esta empresa que no habían sido notificados: chorizo picante, chorizo dulce y morcilla.

Por su parte, los numerosos afectados ya han comenzado a movilizarse: la Asociación del Defensor del Paciente ha registrado varias denuncias en los juzgados de Sevilla para pedir el inicio de una investigación al respecto, y la organización FACUA-Consumidores en acción ha constituido una plataforma de afectados para ayudarles a reclamar indemnizaciones por los perjuicios sufridos ¿Es necesario regular que todas las empresas del sector cuenten con un seguro obligatorio? Las indemnizaciones económicas derivadas de intoxicaciones alimentarias pueden ser muy elevadas.

Como sucede en otras actividades económicas, el sector asegurador puede ser una magnífica solución para proteger al empresario y al consumidor. A través del Seguro de Responsabilidad Civil de Productos, se cubre a la empresa asegurada de las consecuencias económicas que pueda acarrear la imputación de responsabilidad a causa de daños corporales o materiales y perjuicios que puedan sufrir terceras personas por el uso, tenencia o incluso simple existencia de productos puestos en circulación en el mercado por el asegurado, por sí mismo o a través de terceros. ¿Qué cuantía mínima deberían de contratar las empresas de alimentación?.

El artículo 30 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, surgida a raíz del caso del envenenamiento masivo por el aceite de colza desnaturalizado que causó la muerte de más de 1.100 personas en 1981, dictamina que “El Gobierno, previa audiencia de los sectores interesados y de las Asociaciones de consumidores y usuarios, adoptará las medidas o iniciativas necesarias para establecer un sistema obligatorio de seguro y fondo de garantía que cubran, para sectores determinados los riesgos de intoxicación, lesión o muerte derivados del mal estado de los productos, servicios o actividades”. Por su parte, el artículo vigésimo octavo de esta ley aprobada en 1984 deja claro que los productos que deben tener un seguro obligatorio y un fondo de garantía son “los alimenticios, los de higiene y limpieza, cosméticos, especialidades y productos farmacéuticos, servicios sanitarios, de gas y electricidad, electrodomésticos y ascensores, medios de transporte, vehículos a motor y juguetes y productos dirigidos a los niños”.

Sin embargo, el seguro de responsabilidad civil para empresas no debe ser comprendido únicamente como una obligación, sino como un recurso beneficioso, rentable e imprescindible en una sociedad avanzada donde la seguridad de los productos alimenticios resulta algo esencial, y el impacto potencial de su retirada puede implicar pérdidas inasumibles para cualquier empresa, ya que podría repercutir negativamente en su cuota de mercado, dañar su marca, su reputación y suponer cuantiosos costes legales, de reacondicionamiento y recuperación. Por lo tanto, si eres autónomo, empresario, fabricante, distribuidos u otra figura del sector, debes ser consciente de que necesitas un seguro que cubra los posibles daños a terceros y proteja los intereses de tu negocio. El análisis del riesgo y su valoración es tarea de expertos, aunque cualquier bancario quiera imponerte un seguro por el mero hecho de solicitar un préstamo o línea de crédito.

El consumidor, ante el incremento del riesgo de ser afectado por un producto de consumo, también tiene una herramienta de protección muy económica y eficaz con el seguro multirriesgo del hogar, siempre y cuando incorpore al mismo la cobertura de reclamación de daños o la protección jurídica personal o familiar.

Sea cual sea tu eslabón en la cadena alimentaria, contacta con tu correduría de seguros de confianza donde te informarán, asesorarán y te ofrecerán la póliza que más se adapte a tus necesidades.

Fuentes: boe.es, facua.org, aecosan.msssi.gob.es y elaboración propia.

 

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¿ES POSIBLE SER AUTÓNOMO Y ASALARIADO AL MISMO TIEMPO?

¿ES POSIBLE SER AUTÓNOMO Y ASALARIADO AL MISMO TIEMPO?La situación del mercado laboral continúa siendo el principal de los problemas socioeconómicos de nuestro país, y por mucho que esta coyuntura nos preocupe, no parece tener demasiadas expectativas de mejora. El 2018 afianzó la precariedad laboral y el empobrecimiento de gran número de trabajadores, mientras nuestros dirigentes tanto a nivel estatal como autonómico no parecen hacer los esfuerzos necesarios para comenzar a poner fin a esta dramática situación, en buena medida provocada por la temporalidad de los contratos. No debemos olvidar que España es el miembro de la Unión Europea con la mayor proporción de trabajadores temporales, de los cuales solo el 8% conseguirá que su contrato temporal se acabe convirtiendo en indefinido, hecho que resulta tres veces más difícil que en el resto de los países de la Comunidad. Debido a estos motivos, no es de extrañar que cada vez más trabajadores asalariados se pregunten si existe la posibilidad de compaginar su actual actividad con la puesta en marcha de un proyecto laboral propio.

Si este es tu caso, debes saber que sí es compatible tener un contrato por cuenta ajena, y consiguientemente estar dado de alta en el Régimen General, y al mismo tiempo estar dado de alta en autónomos y ejercer profesional o empresarialmente otras actividades económicas por cuenta propia. Esta situación, en la que se realizan dos o más actividades laborales que obligan a cotizar en más de un Régimen de la Seguridad Social es denominada pluriactividad, y es un tipo de cotización que está contemplada en la Ley de Emprendedores del año 2013.

Ahora que tenemos claro que podemos trabajar en una empresa y al mismo tiempo poner en marcha nuestra propia idea de negocio, sea cual sea nuestra actividad a desarrollar, debemos tener en cuenta que será necesario regular nuestra nueva situación de pluriactividad. Para ello, es recomendable que previamente se lo comuniquemos tanto a la Agencia Tributaria como a la Seguridad Social, donde nos indicarán que una vez dados de alta en el régimen de autónomos (RETA) tendremos una doble obligación de tributar:

Por los ingresos recibidos como autónomo:

  • Deberemos abonar la cuota de autónomos mensualmente y entregar la autoliquidación del IVA de manera trimestral y anualmente.

Por los ingresos recibidos como asalariado:

  • Seguiremos cotizando a la Seguridad Social en el porcentaje que refleje nuestra nómina de acuerdo con nuestra jornada, salario y situación personal. La empresa para la que trabajamos seguirá siendo la encargada de realizar el descuento del tanto por ciento indicado para satisfacer el pago a la Seguridad Social.

En cuanto a la presentación de la Renta con pluriactividad, es importante saber que no deberemos presentar dos declaraciones separadas, sino solo una en la que para obtener la base imponible del IRPF tendremos que sumar los ingresos totales (los provenientes de nuestra actividad asalariada y los que provienen de nuestro trabajo por cuenta propia) y restar cotizaciones ya aportadas al sistema a través de los dos regímenes pertinentes. En los casos en que la suma de lo que se cotiza como asalariado y como autónomo alcance una cuantía igual o superior a 12.368,23 euros se tendrá derecho a una devolución del 50% del exceso, con el tope del 50% de las cuotas ingresadas en el Régimen Especial.

Además, la Ley de Emprendedores permite que los asalariados que se den de alta por primera vez como autónomos, se beneficien de unas bonificaciones en el pago de las cuotas mensuales:

Para los trabajadores contratados a jornada completa:

  • Primeros dieciocho meses de alta: hasta el 50% de la base mínima de cotización.

  • Segundos dieciocho meses de alta: hasta el 75% de la base mínima.

Para los trabajadores contratados a jornada parcial:

  • Primeros dieciocho meses de alta: hasta el 75% de la base mínima de cotización.

  • Segundos dieciocho meses de alta: hasta el 85% de la base mínima.

Conviene apuntar que estas bonificaciones, por pluriactividad son incompatibles con la tarifa plana de autónomos, por lo que nos veremos en la disyuntiva de elegir la que más nos convenga.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que uno de los mayores problemas que tiene la pluriactividad es que el trabajador que compatibilice el ser autónomo y asalariado se enfrentará a largas jornadas laborales, que muy posiblemente le producirán un aumento de la fatiga y el cansancio acumulado por exceso de horas de actividad, lo que incluso puede conllevarle problemas de salud. Es por ello que si estás planeando compaginar tu actual actividad con la puesta en marcha de un proyecto laboral propio, la posesión de un buen Seguro de autónomos que incluya una atención médica que se adapte a tus necesidades, y sea el perfecto complemento a la cobertura de la Seguridad Social en el caso de sufrir una incapacidad temporal te resultará imprescindible.

 

Fuentes: agenciatributaria.es, boe.es y elaboración propia.

 

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LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS Y LA CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DIGITAL

LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS Y LA CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DIGITALEs innegable que la tecnología ha transformado la profesión de Administrador de Fincas; ordenadores, tablets y smartphones son actualmente sus herramientas de trabajo, así como Internet su principal medio de comunicación. Esta realidad ha sido abordada a fondo en el pasado Congreso Nacional de Administradores de Fincas (CNAF 2018), que se ha celebrado del 7 al 9 de junio en Madrid, dándole gran importancia a la temática relacionada con las pruebas documentales digitales.

El correo electrónico casi ha sustituido al papel como medio de comunicación habitual, hasta tal punto que en las Comunidades de Propietarios no es necesario el acuerdo de la Junta para que se lleve a cabo la implantación del mismo en las relaciones entre propietario, presidente y administrador. Si tenemos en cuenta que cuando hablamos de correo electrónico nos referimos a todo mensaje de texto, voz, sonido o imagen enviado a través de una red de comunicación pública que pueda almacenarse en la red o en el equipo terminal del receptor, nos damos cuenta de la cantidad y variedad de contenidos electrónicos que no reunirán ningún tipo de garantía técnica si no son certificados electrónicamente.

La posibilidad de certificar correo electrónico resulta indispensable para los Administradores de Fincas, ya que les permite garantizar el contenido que se intercambian durante las comunicaciones digitales, bien en negociaciones de contratos, bien para justificar el cumplimiento de plazos, envío de facturas, notificación de impagos, etc. Es por ello que el Consejo General de los Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) ha firmado un convenio de prestación de servicios de certificación electrónica de contenidos digitales mediante la plataforma Doyfe, que le ofrecerá las siguientes garantías:

  • La prueba que el contenido digital del correo electrónico existía en una fecha y en una hora concretas.
  • La demostración de que la integridad del contenido es verificable, así como la información técnica asociada con el protocolo de aplicación.
  • La certificación de autenticidad de las fotografías.

Con la utilización de Doyfe, bien mediante su página web o su app, todo Administrador de Fincas colegiado podrá generar y descargar actas de certificación de contenidos digitales tales como correos electrónicos, capturas de páginas web o fotografías.

Conviene subrayar que estas pruebas documentales digitales tendrán una plena validez jurídica ya que son plenamente verificables por un perito informático. Además al incorporar información técnica específica hace que la prueba sea incluso más sólida y fiable, desde el punto de vista técnico, que el acta notarial de un contenido de una página Web o de un correo electrónico.

No cabe duda que la capacidad de realizar certificaciones digitales es algo necesario para todo Administrador de Fincas, así como estar cubierto por un buen Seguro resulta un requisito indispensable para esta profesión. La Correduría de Seguros José Silva nos ofrece una inmejorable póliza, exclusiva para Colegios de AAFF, que cubre los riesgos de la emisión de certificados tanto digitales como manuales. No dudes en consultarles si tienes alguna duda.

 

Fuentes: coafga.org, doyfe.es y elaboración propia.

 

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¿ESTÁN DE VUELTA LAS MALAS PRÁCTICAS INMOBILIARIAS?

¿ESTÁN DE VUELTA LAS MALAS PRÁCTICAS INMOBILIARIAS?Tanto la crisis económica como el estallido de la burbuja inmobiliaria marcaron una brusca caída del mercado inmobiliario español: la compraventa de viviendas se vio estancada a causa de hipotecas inaccesibles, falta de crédito, incertidumbre económica y otros factores. Sin embargo el contexto actual ha variado considerablemente, y tanto el número de operaciones de compraventa de vivienda como la firma de hipotecas vuelven a cifras positivas. La mala noticia es que junto a estos buenos datos han regresado las dudosas prácticas que algunas inmobiliarias establecieron durante el pasado “Boom inmobiliario”. El abuso bancario con la imposición de productos vinculados, tasaciones sobrevaloradas, elevadas comisiones fuera del precio real de compraventa de vivienda, la modificación de las condiciones firmadas en los contratos o el incumplimiento del deber de información, son ejemplos de estas prácticas abusivas que parecían haber desaparecido, pero que por desgracia vuelven a estar a la orden del día, como la compra sobre plano sin la protección de seguro hasta que el promotor obtiene la licencia. Parece que 8 años de profunda crisis han servido de poco escarmiento.

 

Las malas praxis utilizadas por cierto tipo de comisionistas parecen ensombrecer a la totalidad del negocio inmobiliario, el cual debe adoptar compromisos y soluciones para satisfacer el creciente número de compradores de hoy en día, que conocen lo que significa pasar por una crisis económica y por ello están mejor formados que nunca: leen la letra pequeña, conocen como funcionan las hipotecas, qué es un swap o una cláusula suelo, y además se informan más y mejor sobre los precios, ya que tienen más instrumentos a su alcance para hacerlo.

 

Evitar todo tipo de malas prácticas, para dar así legitimidad a los intermediarios y al mercado inmobiliario en general se convierte en un asunto primordial, que solo se podrá conseguir marcando una serie de requisitos y pautas de buenas conductas que toda empresa debería cumplir:

  • Profesionalidad y formación: Los agentes inmobiliarios han de ser trabajadores expertos en su sector, conocedores de las tendencias del mercado y del valor real de todo tipo de inmuebles.
  • Honestidad: Los datos fundamentales, las características del inmueble y las condiciones de adquisición han de comunicarse al cliente con veracidad y objetividad, huyendo del engaño, por mínimo que sea.
  • Transparencia: Se conseguiría fácilmente si las empresas hiciesen públicos los porcentajes que configuran sus honorarios por el trabajo de intermediación realizado.
  • Legalidad: La firma de un contrato, entre inmobiliaria y cliente, donde se establezcan todas las condiciones de la intermediación, lograría controlar y evitar el uso de malas prácticas, como por ejemplo las duplicidades de honorarios.
  • Garantía: El inmueble que se entrega al cliente debe cumplir las condiciones que se estipularon. Resulta necesario que toda empresa inmobiliaria cuente con un servicio de postventa encargado de atender posibles consultas y quejas del cliente.

Las buenas prácticas de los agentes intermediarios de vivienda son una necesidad que incluso a día de hoy marca la sociedad, pero que sólo se podrá conseguir junto a un sector inmobiliario saneado y solvente. Una posible solución consistiría en proporcionar un marco que anime a los propietarios a sacar sus casas al mercado del arrendamiento, consiguiendo así que el alquiler de viviendas sea una alternativa real en España. El contrato de un seguro de alquiler, que cubra al propietario ante el posible impago de las rentas, asuma el compromiso de resarcir los daños causados por actos vandálicos y la reclamación jurídica es, sin duda, la garantía que todo dueño de vivienda o negocio inmobiliario necesita para sentirse tranquilo.

 

Fuentes: boe.es y elaboración propia.

 

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¿Está mi empresa preparada para reaccionar ante un gran siniestro de incendio?

El 10-01-12 leíamos la siguiente noticia en http://www.heraldo.es: “La industria metalúrgica Ronal Ibérica no pudo reanudar la actividad tras el puente festivo de Reyes debido a un incendio en su instalación eléctrica”.

Si usted es empresario, seguro que dicho suceso hará que se pregunte: ¿está mi empresa preparada para reaccionar ante un gran siniestro de incendio con un seguro multirriesgo para oficinas y negocios o un seguro todo riesgo – seguro de daños adecuado?, ¿cuando una empresa sufre un siniestro importante se produce una situación de crisis primero y posteriormente una parada de la producción, o en el caso de servicios un retraso en los mismos?, ¿tengo un Plan de Contingencias para una situación semejante?. No importa el tamaño de su empresa, las consecuencias afectan a todas las dimensiones. Una buena gestión establece qué medidas adoptar prioritariamente, en qué orden y quién las ejecutará (facilitará la intervención de los expertos) y cómo puede la empresa prestar sus servicios y vender sus productos. Un siniestro tiene consecuencias inmediatas en la producción, en lo social, en la economía y en todo el entorno del negocio. Son reacciones encadenadas que dejan incógnitas de la magnitud de los daños, pánico en las personas afectadas de forma directa e incertidumbre en las indirectas.

El sector asegurador maneja con soltura la Gerencia de Riesgos, mediante empresas especializadas que rápidamente identifican la fractura, medios a utilizar y qué medidas adoptar para superar la situación. En un incendio suelen resultar dañados tanto el Continente como el Contenido: edificios, instalaciones, maquinaria, mobiliario, existencias propias y de terceros, e incluso relativos a la responsabilidad medioambiental. Aunque no resulten quemados literalmente, puede ser necesario derribar parte de los muros y, si no tienen garantías de estabilidad y seguridad, la cubierta y las ventanas. El humo también puede afectar a los edificios, instalaciones y máquinas (los gases de combustión y la humedad por la intervención de bomberos afectará a los sistemas electrónicos de los equipos y materias primas y de producción, que pueden resultar deteriorados). En definitiva, los procesos de producción o prestación de suministros se paralizan, se produce una pérdida de lo ya producido, probablemente cierre la empresa unos días, se reduce la facturación e incrementan los costes adicionales para reparaciones, rehabilitación, etc. Sin embargo, más graves aún serán las consecuencias por la pérdida de una posición en el mercado, la imagen, la solvencia y la interrupción de equipos humanos, la reducción de la calidad por la pérdida de embalajes, el sobrecoste por compras suplementarias y las dudas en las entidades financieras.

Si al estudiar el siniestro y la previsible evolución del mismo, con todos los trastornos, se toma la decisión de reconstruir, restablecer la producción y la prestación de servicios, será necesario: organizar un comité de crisis, consecuencia de la responsabilidad del administrador de la empresa y la responsabilidad civil de la personas jurídicas, y un equipo que, en colaboración con los diferentes proveedores y profesionales, tome ágiles decisiones. Con la ayuda de la correduría de seguros y previa comprobación de las sumas aseguradas y alcance de las coberturas se contacta con la aseguradora para que, de común acuerdo, se designe el gabinete pericial encargado de la tasación de daños y se contacte con la empresa de recuperación de daños, la cual adoptará medidas para reducir los efectos del siniestro, la viabilidad de reparación de las máquinas y los componentes principales. Se realiza un inventario donde se determinen las pérdidas irreversibles, bienes dañados y los que no han resultado estropeados y se elaboran estudios. Por último, se determinan los valores de reposición e indemnización para concluir el siniestro en un plazo no superior a noventa días, desde su ocurrencia, o anticipar las cantidades mínimas cuantificadas.

Para un mayor asesoramiento, póngase en contacto con los expertos de José Silva, Correduría experta en seguros de empresa:

Tlf.: 915 353 009
josilva@josilva.com
www.josilva.com

 

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