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El Gobierno propone rebajar la cotización de las empresas con baja siniestralidad

siniestralidad laboralEntre los puntos destacados de la Ley de mutuas encontramos que el Gobierno abordará en el plazo de un año la actualización de la tarifa de cotización por contingencias profesionales, en función de la peligrosidad y los riesgos para las distintas actividades, industrias y tareas. Además regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las compañías que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

Bien, pues dentro de este marco, la propuesta de rebajar la cotización de las empresas con baja siniestralidad ha sido trasladada a los Agentes Sociales y consiste en que estas puedan optar a una rebaja del 5% el primer año y del 10% en los siguientes, en el pago de las cotizaciones por contingencias profesionales. Esta propuesta está dentro del desarrollo de un Real Decreto para mejorar los incentivos a las empresas sensibilizadas con la siniestralidad y contempla además eximir a la empresa de recabar la documentación que ya obre en poder de la administración para reducir las cargas administrativas.

Asimismo, se elimina la obligación de invertir en instalaciones y procesos en materia de prevención de riesgos laborales o de presentar una auto declaración firmada sobre la realización de actividades preventivas.

Para que se puedan beneficiar las empresas que coticen por contingencias profesionales deberán cumplir una serie de requisitos:

  • no rebasar los límites que se establezcan respecto de los índices de siniestralidad general y siniestralidad extrema que anualmente se fijen,
  • estar al corriente de pago
  • y no haber sido sancionadas en materia de prevención de riesgos o de Seguridad Social.

Los límites mencionados se adaptarán a las circunstancias propias de cada actividad económica de modo que se promueva el acceso al incentivo a aquellas actividades con mayor riesgo para mejorar la prevención allí donde sea más necesaria.

Recordemos que con la reforma que establece la Ley de Mutuas se pretende además eliminar burocracia en la tramitación de los expedientes de incapacidad temporal, fija nuevas reglas sobre el destino de las reservas y los excedentes del sistema, limita las retribuciones de los directivos, amplía las incompatibilidades y facilita el acceso a la prestación por cese de actividad. Para resolver cualquier duda relacionada con estas nuevas medidas y como afectarán a nuestra empresa podemos solicitar asesoramiento en nuestra correduría de seguros.

Fuente: expansion.com y elaboración propia

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¿Cómo afecta el nuevo código penal a las empresas?

código penalLa reforma de los 250 textos del código penal afecta a las empresas en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la administración desleal y apropiación indebida, insolvencias punibles, corrupción en los negocios y en la Administración, y la propiedad intelectual.

El texto modificado limita la responsabilidad penal a los supuestos en los que el incumplimiento del deber de supervisión sobre los trabajadores en la empresa sea de carácter grave, y si la empresa dispone de un programa de prevención que dé lugar a una reducción sustancial del riesgo de comisión de delitos por parte de la persona jurídica puede quedar exenta de responsabilidad penal, para lo que prevé que haya un órgano de supervisión del modelo de prevención implantado (compliance officer). Las condiciones para quedar exenta son las siguientes:

  • Que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;
  • Que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado haya sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;
  • Que los autores individuales hayan cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y
  • Que no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano de control de la persona jurídica.

En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración.

También delimita con más claridad los tipos penales de administración desleal y apropiación indebida, desde los delitos societarios a los patrimoniales, entendiendo que la víctima puede ser cualquiera y no sólo una empresa. Y diferencia entre apropiación con quebranto de la relación de confianza con el propietario y la estafa.

El nuevo texto distingue las conductas de obstaculización de la ejecución de deudas y los delitos de insolvencia o bancarrota. El nuevo delito de concurso punible o bancarrota se configura como un delito de peligro, perseguible cuando se declara el concurso o se produce un sobreseimiento de pagos. En los supuestos en los que se causan perjuicios económicos de especial gravedad o en los que la mayor parte del crédito defraudado corresponde a deudas frente a Hacienda y la Seguridad Social, prevé un nuevo tipo agravado.

En temas de corrupción también se incluye un tipo agravado para los casos en los negocios de especial trascendencia. En penas de cárcel para condenados por delitos contra la Administración pública, cuando se haya acreditado una sustracción de fondos públicos o un daño económico a la Administración, no podrán acceder a la libertad condicional sin la correspondiente reparación económica. Y se crea un nuevo delito de financiación ilegal de los partidos políticos y un aumento generalizado de las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Por último, se modifica el texto endureciendo las penas de prisión por delitos contra la propiedad intelectual del máximo actual de dos años hasta los cuatro años y reduce las condenas para los supuestos de distribución ambulante u ocasional. Se tipifican expresamente infracciones de los derechos de propiedad intelectual como la facilitar el acceso o localización de obras o prestaciones protegidas ofrecidas en Internet en forma no autorizada.

Estas reformas que afectan a una empresa pueden suponer necesitar asesoramiento y protección jurídica por parte de expertos profesionales de confianza con experiencia, para eso es importante ser prevenido y estar protegido.

Fuente: expansion.com, boe.es, y elaboración propia

 

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